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ART: velar por el más débil
Los esfuerzos en prevención disminuyen accidentes y enfermedades profesionales, pero no evitan que ocurran. La ley exige cobertura con pólizas que debe tomar el empleador ante las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). La lógica dice: empleador que cumple, tiene cubierta su responsabilidad.
¿Está mal la ley? Trata de prescindir de la capacidad patrimonial del empleador para resarcir al trabajador . La CSJN declaró inconstitucional el art. 39 de la ley , ya que es legítimo permitir la reparación integral del infortunio conforme el Código Civil . En la práctica, cobrada la indemnización de la ART, los trabajadores han reclamado la reparación integral del daño, abriendo una doble vía . Así, se estima que hay sentencias pendientes por U$S 2.500 millones y se inician más de 70.000 causas anuales.
La razón está en los ridículos montos indemnizatorios de las ART , conforme la normativa vigente. Si el sistema falla, quien regula no puede hacerse el distraído: el Estado, entonces, tiene responsabilidad .
El Ejecutivo propone: a) elevar montos indemnizatorios; b) incorporar mecanismo de actualización; c) exigir renuncia al litigio; d) cambio del fuero laboral por el civil; e) disminuir honorarios de abogados. En síntesis: se acorrala al que sufre el infortunio con más pesos, renuncia al reclamo, cambio de fuero y abogados peor pagos. Se trata de un equilibrio pasajero , ya que las actualizaciones perderán realismo y quizás la Corte presente objeciones. Y el cambio de fuero es objetable.
Tiene más lógica el proyecto que he presentado ante la Cámara de Diputados el 29 marzo de 2012 (E 1714 D 2012, insistencia del presentado en octubre 2010) proponiendo la derogación del artículo de la LRT declarado inconstitucional y habilitando reclamar la reparación civil del daño .
La propuesta es crear un Fondo de Aplicación Específica , a integrarse con el 0.5% del aporte patronal (permitiendo elevarlo al 1%), a los efectos de asegurar el pago que pudiere surgir de sentencias judiciales firmes que impliquen para el trabajador mayores montos. La administración de estos fondos estaría a cargo de la SRT.
El aporte de referencia, con valores a marzo 2012, sería de $221 millones por mes, conforme a masa salarial informada por la SRT, que hace una suma anual de $2.652 millones. ¿Es suficiente este importe? El Estado lo puede duplicar y, eventualmente, cubriría insuficiencias.
Es un cambio real y con excedentes para operar en previsión.
La propuesta del PEN no soluciona la cuestión de fondo, esto es, la seguridad jurídica en la relación obrero empresaria.
Por Daniel Germano DIPUTADO NACIONAL, PRESIDENTE COMISION DE INDUSTRIA
Clarín
Miércoles 24 de Octubre de 2012