La Legislatura de Santa Cruz sancionó ayer la polémica ley que crea un nuevo impuesto inmobiliario para las empresas mineras que operan en la provincia y que promete generar una dura pelea con el sector.

Tras un extenso debate entre los legisladores leales al gobernador Daniel Peralta y los que responden al Frente para la Victoria, la Cámara aprobó el proyecto por 10 votos a favor y 14 obtenciones.

De inmediato y al conocerse el aval legislativo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) manifestó su preocupación por la norma, a la que consideran como un "nuevo impuesto exagerado, regresivo y confiscatorio", que pone en riesgo el futuro de la industria minera en la provincia.

"Estamos alarmados por el futuro de la industria minera en la provincia de Santa Cruz. También lo estamos por la economía y la inclusión social de sus habitantes. Peligra esta actividad, que es legítima e indispensable para la vida cotidiana, además de ser un poderoso motor, generador de fuentes de trabajo", señaló la CAEM.

La ley establece una alícuota -que se fijará por ley impositiva- sobre todas las reservas de las empresas mineras en operación. Quedan exentos los proyectos en etapa de prospección y exploración.

Con esta nueva herramienta, el Gobierno de Peralta aspira a recaudar unos $200 millones adicionales por año para contrarrestar los graves problemas de financiamiento que tiene la provincia. Actualmente hay al menos cinco importantes yacimientos en fase de explotación: Manantial Espejo, Manantiales, San José, Cerro Vanguardia y Mina Martha.

Iprofesional
Viernes 14 de Junio de 2013

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