Un ingeniero electromecánico y dos empleados ferroviarios son los nuevos imputados en la investigación por el choque de trenes en Castelar. Los tres tuvieron participación, en distintas etapas, en los controles técnicos que se realizaron sobre el tren Chapa 1, que el jueves pasado embistió a otra formación que esperaba en la estación. Por esta causa ya había declarado el maquinista Daniel López. La carátula, tras sus dichos, cambió de "estrago doloso" a "estrago culposo seguido de muerte".

Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo de la causa, decidirá ahora si ordena tomarles declaración indagatoria para sumar sus testimonios al expediente. Así lo confirmó a LA NACION el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso. "Como fiscal, los considero imputados a los tres [más López]. Le pedí al juez que sean notificados de que forman parte de la causa", amplió.

El sábado pasado el motorman, de 52 años, declaró que antes del accidente había intentado varias veces accionar los frenos desde la primera señal de precaución, pero el sistema nunca respondió. "Hago una aplicación de freno normal y el freno no actúa; hago otra aplicación normal y tampoco funciona; aplico el freno total y no reacciona. Después me encomendé a Dios", dijo en una parte de su testimonio, según trascendió de fuentes de la investigación.

Sobre la base de los dichos del maquinista y la documentación que reunió desde el accidente, Basso profundizó la búsqueda de los posibles responsables. "Se comprobó que ese día [el del choque, jueves 13 de junio] al tren lo controló un operario que firmó la planilla y dio el okey para que salga la formación", detalló el fiscal. Ese operario, cuya identidad no trascendió, pertenece a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (Ugoms).

El tren Chapa 1 fue separado del servicio en junio de 2012 y sometido a un "recambio de bogies, renovación total del sistema de frenos marca Knorr-Bremse, reparación de equipos eléctricos, motores de tracción, motocompresores y cabina de conducción", según consta en un informe de la Ugoms. Las reparaciones se hicieron en los talleres de Emprendimientos Ferroviarios.

Y el 20 de febrero de 2013 la formación ingresó a los talleres de Castelar para realizarle un control de calidad final que incluyó la revisión del sistema de frenos y el sistema de hombre vivo. "De esos talleres salió con el visto bueno de otro empleado. El responsable, que todavía no está identificado, es otro de los implicados", explicó Basso.

El tercer imputado por el fiscal Basso es el ingeniero electromecánico Ernesto Rafael Bizantino, contratado por la Ugoms y quien certificó que el tren Chapa 1 estaba habilitado para circular. En dos certificados de encomienda de tarea profesional otorgados por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista de la ciudad de Buenos Aires, al que tuvo acceso LA NACION, consta que Bizantino "está inscripto y en condiciones de ejercer las funciones atinentes a su título" en los coches números 1783, 2026, 2161, 1813, 1067, 1803, 2355, 1056 y 1800. Todos ellos formaban el tren Chapa 1.

"Los tres deberían ser notificados por el juez [Rodríguez], que podría citarlos a dar declaración indagatoria. También pueden hacerlo voluntariamente", amplió Basso.

"Responsabilidad humana"

La hipótesis de la falla humana como desencadenante del accidente, que dejó un saldo de tres muertos y 315 heridos, fue sostenida desde el gobierno nacional a través del Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. A casi una semana de la tragedia, ésa parece ser la única línea de la investigación.

Se amplía el concepto a "responsabilidad humana", ya que aún no se determinó el grado de implicancia de cada uno de los cuatro imputados. La pena mayor podría caer sobre los empleados ferroviarios, el ingeniero o el maquinista; también podría haber otros implicados. "Ésta es una causa penal. Si hay una responsabilidad política o civil, no corresponde a esta materia", diferenció el fiscal.

"Hay mucha más documentación para analizar. La actividad ferroviaria es una actividad bastante compleja. Tenemos también los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que señalan que la formación funcionaba correctamente", precisó Basso, quien sostiene la teoría de la responsabilidad humana.

Ayer un grupo de damnificados por el choque de Castelar realizó una denuncia penal contra los empresarios Benito Roggio, de Metrovías, y Gabriel Romero, de Ferrovías, ambas asociadas a la concesión del tren Sarmiento. Representados por el abogado Gregorio Dalbón, le pidieron al juez Rodríguez que los cite a indagatoria y les prohíba salir del país.

Adelantándose a una posible determinación del magistrado, el fiscal confió que no descarta citarlos aunque, por ahora, se encuentre direccionando la investigación hacia la parte técnica.

Luca Munguía sigue en grave estado

La salud de Luca Munguía, el pequeño de cuatro años víctima del accidente de trenes de Castelar, continúa siendo delicada, pues sufre una infección severa en el pie derecho, la complicación más grave que tiene desde el momento del choque.

"Cada 48 horas le harán una limpieza quirúrgica; no se sabe dónde tiene la infección", dijo Eva Munguía, su madre. La mujer contó, además, que el niño "no tolera la comida", por lo que les pedirá a los médicos que lo atienden que le realicen nuevos estudios.

"Si sigue sufriendo mucho, voy a firmar [la autorización] para que le amputen el pie", admitió Eva. Luca continúa en terapia intensiva, donde le suministran antibióticos para combatir la infección. Las próximas horas son claves para su recuperación.

Por: Mauricio Giambartolomei
La Nación
Miércoles 19 de Junio de 2013

 

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