La litigiosidad laboral y los diversos motivos por los cuales aún existe e incluso aumenta, fueron motivo de debate en un panel integrado por Raúl Ojeda, Juez Nacional del Trabajo, Luis Ramírez, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Juan Carlos Mariani, abogado asesor de empresas y Carlos Marín Rodríguez, asesor letrado de la UART, en el marco de las conferencias brindadas en la 11° Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo el pasado mes de abril.

Para Ojeda son varias las razones por las cuales la litigiosidad aumenta, más precisamente los juicios por Responsabilidad Civil. “Después de los casos “Aquino” (21/09/2004) y “Llosco” (12/06/2007) se instaló una suerte de todo vale y eso generó dos clases de juicios: el de los trabajadores insatisfechos con las prestaciones o reparaciones que recibían por parte de la ART y el de los aventureros. Lo de las tarifas insuficientes ya fue solucionado, ahora las tarifas reparan mejor”, señaló Ojeda.

“Respecto al cumplimiento de las tareas de prevención es algo de lo que se habla mucho pero se cumple bastante poco. En el 90% de los juicios que veo, las ART no acreditan haber cumplido con las medidas de prevención a su cargo, es decir, las visitas técnicas, las recomendaciones, la verificación y la denuncia, en ese orden”, agregó el magistrado. Destacó también la necesidad de reformar el procedimiento ante las Comisiones Médicas, “porque tal como está hoy es una invitación a hacer juicio”, aludiendo a los reproches de constitucionalidad que se formulan.

El abogado Luis Enrique Ramírez destacó dos tipos de litigiosidad, “una que es artificial, innecesaria, partida de intereses que no son los de las personas afectadas, y otra que nace de la propia conflictividad del sistema que se verifica con la ley de riesgos del trabajo”. A propósito señaló que hay “instigadores” para que haya una alta litigiosidad: los autores de la ley de riesgos del trabajo sancionada en 1995, quienes tuvieron el “acierto” de colocar este tema en la Seguridad Social, pero al mismo tiempo designaron como operadores de ese subsistema a las ART, que son entidades con fines de lucro. Con lo cual se produjo la paradoja de que entre el operador y la víctima a la que tiene que asistir -el trabajador damnificado- se generen intereses contrapuestos. “Por cada siniestro existe potencialmente un conflicto y eso genera una ley de altísima conflictividad”, señaló Ramírez, agregando que “es necesario crear una nueva ley que no esté perforada ni dinamitada por la jurisprudencia”.

A su turno, Juan Carlos Mariani señaló como una razón para que exista conflictividad judicial un “desfasaje existente entre quienes legislan la ley (diputados, senadores) y quienes la aplican, que son los jueces”. Mariani sostuvo que ciertos artículos de la Ley 26.773 quitan margen de discrecionalidad en los fallos de los jueces, lo cual acarrea necesariamente litigiosidad.

Por su parte, el asesor letrado de la UART, Carlos Marín Rodríguez destacó como uno de los focos de conflictividad “el nivel de informalidad laboral que aún tenemos en Argentina, lo cual dificulta calcular los pagos indemnizatorios y es centro de controversia”.

La conferencia finalizó con un debate abierto entre los panelistas y el público presente en al auditorio

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Jueves 29 de Mayo de 2014

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