NUEVE DE JULIO.- "El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces", explican Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda en la resolución del dos de diciembre de 2014.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia porque declara el acceso al agua como un derecho humano esencial para el cumplimiento de otros derechos e insiste en que todos los jueces deben garantizar que los argentinos puedan tener agua potable.

El origen de este fallo data de noviembre de 2010, cuando veinticinco vecinos, que luego formarían la organización "9 de Julio, Todos por el Agua", interpusieron un amparo para que Aguas Bonaerenses SA (ABSA) les garantizara "la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud".

"Hicimos un amparo en defensa de nuestros hijos", dicen. Por eso fueron al Juzgado de Garantías 1 de Mercedes, donde sus hijos hablaron sobre el "veneno" que salía de sus canillas.

Cuarenta y cinco días después salió la primera medida cautelar que obligaba a la empresa a construir las obras necesarias en 18 meses. Julia Crespo, presidenta de la organización, hizo los cálculos, se agendó la fecha y fue a ver la obra: sólo había un cartel, un enrejado y el pasto crecido.

Pero antes de ese día pasaron varias cosas. Entre ellas, la segunda audiencia con los vecinos en la que ABSA ofreció una "solución": cuatro canillas comunitarias a quince cuadras del centro, para 47.733 habitantes. Se armaría, entonces, una cola de más de 10.000 personas en cada canilla. Mientras se llevaba a cabo esa audiencia, el intendente hablaba en el canal de televisión local. "El problema ya está solucionado", decía.

Otra de las cosas que pasaron fue la firma de un acta acuerdo entre los demandantes, Juan Kersich y Julia Crespo, ABSA, los Ministros de Salud y de Infraestructura de la provincia y el Defensor del Pueblo. Fue el del 30 de mayo de 2011. La empresa se comprometía a empezar las obras para mejorar los parámetros de calidad de agua.

"En Lincoln hay un proceso similar al nuestro; ya tienen sentencia firme y no hay nada construido", dice Julia Crespo. Por eso ellos, además del amparo, todavía se reúnen con los responsables en una mesa de comisión de seguimiento de obra.

El esfuerzo fue importante, pero para los integrantes de la organización, el balance es positivo. Habrán dejado tiempo familiar, pero se sienten orgullosos de haber logrado algo que los políticos no pudieron -ni quisieron-. Un fallo histórico.

La Nación
Miercoles 31 de Diciembre de 2014

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