A ocho años de las fatales explosiones en la planta piloto de la Universidad Nacional de Río Cuarto y dos años y ocho meses del juicio oral, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por unanimidad las cinco condenas por “estrago culposo agravado”, por la muerte de seis personas.

Por mayoría, la sala hizo lugar al recurso interpuesto por Javier Boretti, de la multinacional belga De Smet. Con el voto de los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, se dejó sin efecto una declaración de nulidad y un pedido de investigación del Tribunal Oral presidido por Fabián Asís.  Se confirmó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de Boretti.

El juez Juan Carlos Gemignani votó en disidencia. Consideró que durante el trámite que concluyó con dicho sobreseimiento se produjeron “irregularidades procesales y sustantivas”. Citó que en debate oral “se pudo inferir que entre los principales responsables del hecho se encontraba personal de la empresa De Smet quien tuvo a su cargo el montaje de la estructura en la cual se realizó la experiencia que falló por la pérdida de hexano, e introdujo el solvente sin la autorización”. Argumentó que “la prescripción es razonable sólo en causas excepcionalísimas”. “La imprescriptibilidad de la acción penal debe aplicarse a la situación procesal de quien fue beneficiado ilegítimamente con el sobreseimiento por prescripción de la acción”, expresó.

Los defensores de los condenados adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema. Todo parece indicar que el único que tiene sentencia de prisión efectiva, Carlos Bortis no perderá la libertad y el proceso podría dilatarse uno o dos años más.

Jorge Valverde, abogado de Ducrós, Ferrari y Pincini, adelantó: “Tenemos diez días para interponer un recurso extraordinario ante la Corte y lo vamos a hacer. Si lo declaran inadmisible, nos queda el recurso de queja, recién cuando la Corte se expida podría quedar firme el fallo. Los condenados no son los responsables. Los responsables son los que entraron ilegalmente el hexano a la Universidad”, insistió.

Otras responsabilidades

A todo esto, no hubo novedades en la investigación de la Fiscalía Federal de Río Cuarto sobre el rol que tuvieron el ex rector Oscar Spada y las empresas De Smet y Aceitera General Deheza, que proveyeron hexano. Se sabe que el fiscal pidió un informe para esclarecer si estaba autorizado el transporte de la sustancia. 

De cualquier manera, si no cambia la calificación legal del hecho, la causa también podría estar prescripta para las empresas (el máximo de pena del estrago agravado es cinco años). En el caso de Spada, no correría la prescripción por su carácter de funcionario público, pero hasta el momento no se le ha endilgado ninguna responsabilidad.

En las explosiones de la planta piloto de Ingeniería murieron cinco docentes e investigadores y el alumno Juan Andrés Politano (22), quien perdió su vida al tratar de salvar a compañeros. En los últimos días de clases, en su homenaje, se le puso su nombre al Ipem 362 de Río Cuarto.

Al Juzgado Federal de Río Cuarto le llevo cinco años elevar la causa de la UNRC a juicio. En abril del 2013, el Tribunal Oral número II sentenció a tres años y medio de prisión a Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería y presidente de la Fundación Universidad (que firmó el convenio con la empresa De Smet para los experimentos con hexano). En tanto, recibieron penas de ejecución condicional, el ex secretario de Coordinación Técnica, responsable de higiene y seguridad, José Luis Pincini (dos años y medio); su subsecretario, Sergio Antonelli; la directora del departamento de Tecnología Química y la vicedirectora, Miriam Ferrari (dos años y medio) y Edith Durós (seis meses como cómplice no necesaria).

Aquel fatídico 5 de diciembre del 2007 en la pequeña planta piloto de extracción de aceites vegetales había más de 2500 litros de hexano (solvente), enviados por Aceitera General Deheza, para los ensayos acordados con la multinacional. Profesores y alumnos realizaban sus tareas diarias en la planta ubicada justo enfrente de la guardería de la UNRC. Minutos después de las 10, alguien encendió el mechero de un autoclave para esterilizar material, hubo un derrame de miscela y se desató el infierno.

Víctimas

A raíz de las explosiones del 5 de diciembre del 2007 en la UNRC murieron Miguel Mattea (jefe del Grupo de Investigación); Liliana Giacomelli de Ceballos; Carlos Ravera, Damián Cardarelli, Gladys Baralla y Juan Politano.

La Voz del Interior
Lunes 28 de Diciembre de 2015

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