Durante los primeros cinco meses de 2007, el año de la seguridad vial, el Congreso apenas trató y aprobó en una de las cámaras uno de los 53 proyectos que impulsan las comisiones que tratan la problemática del tránsito en el país. En ese tiempo en que los legisladores sólo pudieron dejar un proyecto a mitad de camino de convertirlo en ley, murieron 3159 personas en accidentes automovilísticos.

En la Argentina mueren diariamente 21 personas por accidentes relacionados con el transporte -629 por mes-, según los datos que aportaron a LA NACION distintas ONG especializadas en la materia. En la última década el número de fallecidos en las calles, avenidas y rutas nacionales superó los 80.000. Alarmado por el índice de mortalidad, que crece progresivamente desde hace más de diez años, el Poder Ejecutivo decretó que 2007 fuera el año de la seguridad vial, sin que, hasta ahora, eso se vea traducido en acciones concretas capaces de poner freno a tantas tragedias.

La Defensoría del Pueblo de la Nación y las organizaciones civiles dedicadas al tema reclaman políticas públicas concretas. Piden mayor prevención y más control, la aplicación de las leyes vigentes y una revisión de la legislación actual.

A partir del 1º de marzo, día de apertura de las sesiones ordinarias, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que preside Zulema Beatriz Daher, del Frente para la Victoria (FPV), recibió 29 proyectos de ley referidos a la seguridad vial. Pese a que varios fueron aprobados por la comisión, que en el primer semestre sólo se reunió en dos oportunidades, sólo uno fue tratado en la Cámara baja.

El proyecto, aprobado en Diputados el miércoles pasado, obliga a los ómnibus de media y larga distancia a tener cinturones de seguridad en todos los asientos.

El vicepresidente 2º de la comisión, Alejandro Nieva (UCR), dijo a LA NACION que la razón para no avanzar en la modificación de la norma es la falta de voluntad política. "No veo en el justicialismo ninguna predisposición para avanzar con medidas legislativas que ayuden a mejorar la seguridad vial en el país. Hay proyectos aprobados de manera unánime por la comisión que no son tratados en el recinto", aseguró.

Nieva también se refirió a la falta de explicaciones del secretario de Transporte, Ricardo Jaime: "El problema es de toda la administración nacional. Por caso, Jaime nunca respondió a las citaciones de la comisión", remarcó, al tiempo que acusó al gobierno del presidente Néstor Kirchner de "realizar muchos anuncios y concretar pocos hechos".

Entre los proyectos que impulsa la Comisión de Transporte en Diputados se encuentran la obligación de fabricar vehículos con luces bajas automáticas, para que su uso no esté supeditado a la voluntad del conductor, y la creación de un centro de información que permita la regulación de la planificación, proyección, construcción, conservación y monitoreo de rutas. Toda esa información -creen- servirá para dar soluciones definitivas a problemas crónicos.

LA NACION intentó comunicarse con Daher y con Alfredo Fernández, presidenta y vicepresidente 1º de la comisión, pero no obtuvo respuestas.


En el Senado, igual

En el Senado el panorama es parecido. Hasta mayo ingresaron en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte seis proyectos, que se suman a los 18 que tienen pendientes de aprobación en esa instancia.

Entre ellos se destaca la creación de una comisión bicameral de emergencia vial y modernización de la infraestructura del transporte, que tendrá como tarea elevar una propuesta para adecuar la normativa penal vigente.

El presidente de la comisión parlamentaria de la Cámara alta, Celso Alejandro Jaque (FPV), admitió a LA NACION que se está trabajando con lentitud, pero atribuyó eso a la necesidad de unificar criterios para crear políticas que se apliquen en todas las provincias. "Creo que para el 19 de este mes estará conformada la comisión bicameral", explicó el senador.

Diego Bossio, asesor de Jaque, agregó: "Hay muchos proyectos que aisladamente modifican poco, por eso agrupamos todos en un solo proyecto. Buscamos realizar una ley-convenio a la que adhieran todas la provincias". Admitió que hay demoras en el armado de la comisión.

Para Alberto Silveira, presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, el problema no pasa por la necesidad de modificar de la ley de tránsito 24.449, sino que estriba en la mala aplicación de las normas.

"No hay que cambiar las leyes, tenemos que aplicar las que tenemos", opinó Silveira. Desde Luchemos por la Vida se informó que el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en calles y rutas. Más de 3000 personas pierden la vida por esa causa cada año.

El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, brega desde hace años para cambiar las normas de seguridad vial. "El abandono de persona no puede ser excarcelable. Algunos de los últimos fallos, por ejemplo la decisión de un tribunal de morigerar la pena del conductor que mató a Kevin Sedano, son un pésimo antecedente", aseguró Mondino, que desde mediados de enero impulsa la iniciativa denominada Porque la Vida Vale, para que se apruebe un plan nacional que declare la emergencia en todo el país para revertir las alarmantes estadísticas.

El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) informó que en lo que va del año ya hubo un crecimiento de los valores que miden la evolución de la siniestralidad vial. En comparación con mayo de 2006, el índice de mortalidad registró un aumento del 7 por ciento.

Por Santiago Dapelo
De la Redacción de LA NACION

la Nación
Lunes 11 de Junio de 2007

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