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Cromañón: giro en la causa "SAME"
La jueza Crotto se declaró incompetente
La jueza María Angélica Crotto se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa llamada "SAME", relacionada a la tragedia de Cromañón, argumentando que al encontrarse imputados el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca, ambos funcionarios nacionales, debería intervenir el fuero federal.
| Antecedentes Más de dos años después El 30 de diciembre de 2004, en un recital del grupo Callejeros, el local Cromañón se incendió luego de que se arrojaran bengalas. Murieron 194 personas. El único detenido es el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán. Por esa causa, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires destituyó al Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. |
Esto le fue comunicado a los abogados querellantes. La jueza pretende que actúe el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, ya que fue el que recibió la primera denuncia presentada por los querellantes Ricardo Righi y Jorge Giralt el pasado 14 de mayo, padres de dos de los 194 jóvenes que murieron en la tragedia, el 30 de diciembre de 1994.
La imputación que recae sobre Aníbal Fernández, entre otros, es no haber implementado el vallado en la zona, así como un corredor sanitario, que hubiera impedido que el lugar se transforme en un caos, según las denuncias.
La declaración de incompetencia motivó un duro rechazo del abogado querellante José Iglesias, padre de Pedro, un chico que murió en Cromañón. "El motivo de esta declaración claramente tardía, es el intento de la jueza de huir de las responsabilidades. Ya había intentado lograr un sobreseimiento al preguntarles a los policías de la comisaría 7ª que intervinieron en la noche del 30 por la violencia de parte de los chicos, para demostrar que esa violencia habría impedido una atención adecuada. Pero los policías pusieron en evidencia la situación de descontrol".
Iglesias adelantó que "vamos a apelar, a denunciar a la jueza en el Consejo de la Magistratura, con una denuncia penal por prevaricato, y una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A casi dos años y medio del inicio de la causa, empiezan las prescripciones".
Clarín
Miércoles 13 de Junio de 2007