La Corte Suprema convocó ayer a una nueva audiencia en la causa por la contaminación de la cuenca Matanza—Riachuelo, que comenzará el 4 de julio y continuará en los días sucesivos. El objetivo del encuentro es analizar el programa de saneamiento presentado por el Estado Nacional, así como el informe de factibilidad de ese plan encargado a técnicos de la Universidad de Buenos Aires.

En la reunión de ayer, los jueces decidieron convocar a los representantes del Estado Nacional, del gobierno bonaerense y del porteño, ya que el daño ambiental causado por contaminación que se analiza en esa causa —"Mendoza Beatriz c/Estado Nacional"—, afecta tanto a jurisdicción de la Nación, como de la provincia y la Ciudad. Esa demanda fue iniciada por vecinos de la zona contra los tres estados y 44 empresas a las que señalaron como responsables del alto grado de polución de la cuenca.

Los afectados 7.266.029 de personas viven en la Capital y los partidos de la Cuenca Matanza-Riachuelo: 2 millones viven en riesgo directo de contaminación, el 35% sin agua potable y el 55% sin cloacas. Qué se hizo hasta ahora Desde la presentación del Plan ante la Corte, el 5 de setiembre de 2006, el Gobierno logró la creación de una Autoridad de Cuenca conformada por Nación, provincia y el Gobierno porteño, que encabeza la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Uno de los primeros pasos fue la relocalización de empresas en el Polo Petroquímico de Dock Sud: 12 deben mudarse antes de julio. También se hicieron acuerdos para futuras obras, controles que derivaron en clausuras preventivas para diez plantas que no cumplían estándares y el relevamiento y comienzo de la limpieza de 105 basurales.

En la audiencia del mes próximo, cada expositor dispondrá de no más de 15 minutos y deberá anunciar una semana antes de la convocatoria su deseo de intervenir. También serán convocados a la audiencia la Defensoría del Pueblo de la Nación y las organizaciones no gubernamentales Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Greenpeace; Fundación Ciudad; Centro de Estudios Legales y Sociales; la Asociación de Vecinos de la Boca; la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y otros peticionantes.

Esta es la tercera audiencia que convoca la Corte por el conflicto de la contaminación del Riachuelo. El año pasado, por primera vez, el tribunal aceptó la demanda promovida por un grupo de vecinos perjudicados por la contaminación, y abrió la causa "Mendoza". Pero resolvió dividir la demanda en tres partes: el reclamo por daños al bien colectivo, el reclamo por reparaciones, y el reclamo por la prevención. En éste último aspecto es en el que se está centrando el trabajo de la Corte Suprema.

En setiembre de 2006, la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, en representación de los tres Estados, había estimado en 15 años el plazo para el saneamiento de esa cuenca: pidió cinco años para que todos los vecinos de la zona afectada tengan distribución de agua potable de red y 15 años para que cuenten con cloacas.

El Tribunal había remarcado que la funcionaria no convenció con sus explicaciones sobre el plan que propone limpiar el Riachuelo en 10 años, y que a su exposición le faltaron precisiones.

Uno de los puntos del plan que presentó el Gobierno y que la Corte duda de que se pueda llevar a cabo es la construcción de una nueva planta de tratamiento cloacal en la cuenca baja, que abarca Capital, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

Silvana Boschi
sboschi@clarin.com

Clarín
Miércoles 13 de Junio de 2007

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