La jueza María Angélica Crotto se declaró incompetente en una causa paralela a la tragedia de Cromagnon, en la que se investiga la supuesta responsabilidad de un grupo de policías federales y funcionarios del gobierno porteño en el delito de presunto abandono de persona, en el que habrían incurrido durante el operativo de emergencia. En su resolución la magistrada había determinado que la causa es de competencia federal, debido a que en dicho fuero se estaba instruyendo un expediente en el que aparecían imputados dos funcionarios del gobierno nacional: el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Vallecca. Ambos funcionarios habían sido denunciados por Ricardo Righi, padre de una de las 194 víctimas del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004. En su presentación, que recayó en el juzgado federal Nº 9 a cargo del juez Octavio Aráoz de Lamadrid, Righi pidió que se investigara si habían tenido alguna responsabilidad en la colocación del vallado y del corredor sanitario. La imputación contra Fernández se había fundado en el hecho de que el ministro del Interior es el responsable de la Policía Federal. Según fuentes judiciales, una de las medidas que tomó el juez federal fue enviar un oficio al tribunal, a cargo de la jueza Crotto, para determinar si en dicho juzgado se había instruido alguna denuncia contra Fernández. Al tomar conocimiento de la existencia de una causa contra dos funcionarios nacionales, la magistrada decidió declinar la competencia en su colega del fuero federal. Consultado por LA NACION, el abogado José Iglesias, padre de otra de las 194 víctimas, manifestó que pedirá que se declare la nulidad de la medida dispuesta por la jueza, denunciará penalmente a la magistrada por supuesto prevaricato y realizará una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.