La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) aseguró en un comunicado que es la única industria en Argentina que cuenta con una Ley Ambiental específica que regula su actividad, pese a lo cual recibe "serios ataques" bajo "falsos supuestos ambientalistas".

Las compañías también conminaron a las autoridades gubernamentales a "salir del sopor" que "los muestra pasivamente frente a tantos ataques infundados".

La CAEM sostuvo que hay "una campaña carente de toda verdadera lógica ambientalista" y "volcada abiertamente hacia la búsqueda de impedir el desarrollo minero argentino".

"Hoy está claro que la minería es un blanco fácil para el facilismo demagógico de líderes políticos con discursos inconsistentes. Se intenta convertir a la minería en rehén de rencillas políticas mezquinas y con herramientas o argumentos de oscuro origen y de sospechosas intenciones", indicó el presidente de la CAEM, Martín Dedeu.

El directivo dijo que quienes "se oponen a la minería, se oponen al progreso" y "a la generación de trabajo para miles de argentinos que no lo tienen".

La resistencia a la actividad minera en la Argentina, especialmente la que utiliza cianuro para la explotación de minerales como el oro en yacimientos a cielo abierto, viene creciendo desde que en 2003 pobladores de la sureña localidad turística de Esquel (provincia de Chubut) lograron detener la actividad de una subsidiaria de la canadiense Meridian Gold.

Los vecinos de Esquel presionaron a las autoridades locales y provinciales hasta lograr con una consulta popular, una ley provincial y una orden judicial evitar que Meridian iniciara una explotación de oro en uno de los parajes más bellos de la Cordillera de los Andes.

La acción desplegada por los habitantes de Esquel fue imitada por pobladores de otros puntos del país, al ritmo que la llegada a la Argentina de mineras extranjeras se multiplicaba.

Esta resistencia se hizo sentir con fuerza contra proyectos de gran envergadura como Bajo La Alumbrera (provincia de Catamarca), la mayor mina de oro de Argentina y explotada por un consorcio integrado por la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion.

Ésta última también se prepara para iniciar en Catamarca la explotación de yacimiento de cobre y oro Agua Rica, otro proyecto resistido por los vecinos.

En Mendoza, el gobernador provincial, Julio Cobos, resolvió la semana pasada suspender por 90 días el otorgamiento de declaraciones de impacto ambiental respecto de nuevos permisos de prospección, exploración y explotación a cielo abierto de minerales metalíferos, medida que tomó ante las crecientes protestas de los pobladores.

Las pujas se repiten en lugares como Calingasta (provincia de San Juan), donde una consulta popular sobre la minería convocada por el alcalde de esa localidad fue rechazada ya tres veces por el gobernador provincial, José Luis Gioja, que defiende la actividad de la minera canadiense Barrick Gold en los yacimientos Veladero, Penélope y Pascua Lama.

Barrick Gold también tiene problemas en la provincia de La Rioja, donde el mes pasado la compañía decidió suspender la exploración de oro en el cordón montañoso de Famatina por un conflicto desatado con vecinos y ambientalistas que se oponen a esa actividad.

En medio de esta ola de protestas, la minería argentina atraviesa por un período de fuerte expansión, con inversiones previstas para este año por $12.000 millones (u$s3.870 millones), destinados, principalmente, a la construcción de siete nuevos yacimientos, según datos de la Secretaría de Minería.

El año pasado el sector minero argentino recibió inversiones por $3.900 millones (u$s1.258 millones), de los cuales 21% estuvo destinado a prospección y exploración inicial de alto riesgo.

De acuerdo con datos de la CAEM, el sector emplea a 170.000 argentinos, entre empleos directos e indirectos.

Infobae
Jueves 14 de Junio de 2007

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