No cumple con las pautas mínimas de un plan. Emplea información imprecisa, desactualizada e, incluso, no brinda datos para sustentar algunos aspectos. Propone acciones sin fundamento científico que, en varios casos, podrían empeorar la situación en lugar de mejorarla. Ciertos programas sugeridos, como el de ordenamiento territorial, son una mera "expresión de deseo" y las medidas consideradas para sanear el agua podrían constituir una "intervención a ciegas en el ecosistema".

Estas son apenas algunas de las conclusiones del peritaje realizado por expertos de la UBA al plan integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Por encargo de la Corte Suprema de Justicia, los profesionales redactaron un informe de factibilidad que revela graves deficiencias tanto en la información y los indicadores sobre los que se basa el proyecto como en las acciones propuestas.

Como se recordará, el año pasado el máximo tribunal hizo lugar a la demanda promovida por un grupo de vecinos afectados por la contaminación del río y abrió una causa destinada a buscar una solución al grave problema sanitario y ambiental que enfrentan unos siete millones de personas (ver aparte).

En septiembre, la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, en representación de los Estados nacional, bonaerense y porteño, presentó el plan ante los jueces y estimó en casi $ 6000 millones la inversión por realizarse en los primeros cinco años para sanear la cuenca. Ya entonces, los vecinos y las ONG que intervienen como terceros en el conflicto criticaron el programa. Muchos de esos cuestionamientos resultan confirmados por la UBA.


Sin programa sanitario

Los especialistas trabajaron divididos en cuatro comisiones.

La Comisión de Salud, integrada por profesionales de las facultades de Medicina, y de Farmacia y Bioquímica, advierte que "no se puede inferir del material analizado la existencia de un plan sanitario para la asistencia mediata o inmediata de la población". Destaca que no hay datos sobre enfermedades prevalentes, cantidad de población afectada, atención de casos e indicadores de riesgo de exposición. Por esto, dicen, las acciones sanitarias propuestas aisladamente carecen de sustento científico y "resultan parciales, insuficientes y, en algunas oportunidades, inadecuadas".

Por su parte, la Comisión de Control Ambiental -formada por especialistas de las facultades de Ciencias Exactas, de Farmacia y Bioquímica, de Ciencias Veterinarias y de Agronomía- sostiene que el plan tiene ciertos objetivos "muy vagos", incorpora información incompleta y desactualizada de las características fisicoquímicas y biológicas del curso, incluye acciones "cuestionables" y otras directamente "no aplicables". Y hasta corrige errores conceptuales: "(...) bajo el título Metales Contaminantes se consignan compuestos como el cianuro y los fenoles, que no son metales".

Finalmente, recomienda reprogramar el cronograma de medidas a partir de una consulta previa sobre "la factibilidad y las consecuencias" de su aplicación y "considerar los efectos de las medidas en su conjunto y no en forma individual". Porque, si no, será "una intervención a ciegas en el ecosistema".

Que el plan no precisa ni la cantidad ni la localicación de las personas más afectadas por la contaminación, para fijar así áreas críticas y establecer prioridades de acción, constituye la principal crítica de la Comisión de Gestión Urbana, Infraestructura y Saneamiento (facultades de Arquitectura y de Ingeniería). "El trabajo presentado de ordenamiento territorial (...) constituye una expresión de deseo...", sostiene.

Cuestiona, también, desde la simple falta de identificación de los basurales que se pretende erradicar hasta la descripción de cómo serán capacitados los inspectores para controlar que las industrias no contaminen. Y alertan sobre la poca factibilidad de crear la denominada Autoridad de Cuenca, que nunca fue convocada, porque su jurisdicción se superpone con la de "autoridades locales constituidas".

Desde la comisión Económico Institucional, profesionales de las facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales señalan la contradicción existente entre los datos ofrecidos en diversos anexos del plan sobre el número y la identificación de las industrias responsables de los vertidos contaminantes, un escollo para instrumentar medidas exitosas.

Observan, incluso, "inconsistencias" en los montos de inversión proyectados. O sea, cuentas mal hechas: "Se presenta un desarrollo de inversión en cloacas para 2006-2015 por un total de $ 5607 millones, pero si se suman los valores individuales de cada año suman $ 5985 millones. (...) las obras de saneamiento cloacal suman $ 236.212.857 y no $ 265.199.169 como se transcribe. También en agua potable suman $ 346.400.000 y no $ 737.000.000 como se menciona".

Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION

Las principales críticas de la UBA

• No hay datos sobre enfermedades prevalentes, cantidad de población afectada, atención de casos e indicadores de riesgo de exposición en el plan presentado por Picolotti, señalan los expertos en el informe de factibilidad. Tampoco, dicen, contiene un plan sanitario.
• En materia de saneamiento, sostienen los profesionales, incorpora información incompleta y desactualizada de las características físico-químicas y biológicas del curso, incluye acciones "cuestionables" y otras directamente "no aplicables".
• También hallaron errores conceptuales: "[...] Bajo el título Metales Contaminantes se consignan compuestos como el cianuro y los fenoles, que no son metales", observan.
• Recomiendan los académicos reprogramar el cronograma de medidas para evaluar previamente "la factibilidad y las consecuencias" de su aplicación y "considerar los efectos de las medidas en su conjunto" porque, si no, se tratará de "una intervención a ciegas en el ecosistema".
• El plan oficial, critican los especialistas de la UBA, no precisa ni la cantidad ni la localización de las personas más afectadas por la contaminación, para fijar así áreas críticas y establecer prioridades de acción.
• "El trabajo presentado de ordenamiento territorial [...] constituye una expresión de deseo", sostiene el informe de factibilidad.
• Alerta también sobre la poca factibilidad de crear la denominada Autoridad de Cuenca, porque su jurisdicción se superpone con la de "autoridades locales constituidas".
• Contiene, entre otros detalles menores, cálculos mal hechos.

La Nación
Jueves 21 de Junio de 2007

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