La discusión sobre el uso del cianuro en minería a cielo abierto y la forma de resolver la crisis debe imponer un análisis sobre lo pasado. Los temores de los ambientalistas y la defensa de la actividad hecha por los mineros mostraron, al final, que el intercambio de opiniones no era posible. Se transformó en un irreconciliable diálogo de sordos.

Hay un debate oculto: la falta de confianza en los controles que manifiesta la ciudadanía y el endeble funcionamiento de la estructura institucional.

Los vecinos de Alvear y San Carlos, entre otros, han dicho claramente que no alcanza con promesas de futuros controles (en los que tampoco creen) y resolvieron subirse a las rutas para exigir la sanción de una ley que directamente prohíba la actividad.

Se instaló la idea de que todo ciudadano esté llamado a velar por sus recursos naturales porque alguien no está haciendo este trabajo. Infructuosamente habían peticionado largamente mientras se hizo oídos sordos al reclamo. Hubo oportunidad de acercar posiciones. Pero cuando sintieron que nadie los escuchaba, vinieron por todo.

No es el caso debatir sobre si la crisis de confianza es o no fundada. Lo que hay que reconocer es la existencia de la crisis y que habrá seguramente otra manifestación por otra causa que enfrentará irreconciliablemente a ciudadanos unos contra otros.

El Estado es, según la letra constitucional: democrático, participativo y pluralista. El pueblo elige a sus representantes encargados de encarnar la voluntad de sus electores. Cuando desaparece la confianza en la representación se toman medidas de acción directa. La dirigencia admite el procedimiento, da satisfacción al reclamo y todo vuelve a la normalidad rápidamente. Pero se oculta la enfermedad que está matando de a poco. Alguna vez la debilidad institucional permitió que los "salvadores de la patria" de siempre se arrogaran la representación y el monopolio de la ética para hacerse del poder.

La gravedad es no reconocer que se instalan mecanismos de democracia directa porque los otros han caído en descrédito.

Estamos bajo el síndrome de las papeleras y a nadie se le ocurrió pedir que se suspendiera la protesta para debatir. O nadie se animó a hacerlo.

Faltó desde Economía sostener la posición de fomento a la industria minera que sirviera para atraer inversiones en Toronto unos años atrás. Las idas y vueltas en la toma de decisiones van deshilvanando la credibilidad pública y privada. El control va de la mano con la autoridad y ésta es entonces la que resulta estar en crisis.

De inmediato surge entonces el otro invitado a la cita: la sospecha de corrupción. Entre sus efectos más serios está la pérdida de confianza en la Administración Pública y la aparición de un sentimiento de apatía de la ciudadanía. No funciona el Estado social de derecho y no funciona el sistema institucional: la corrupción es la alternativa para desarrollar las actividades económicas. Es efecto y no causa.

Sin acción decidida de la dirigencia no hay forma de mantener la estabilidad del sistema y el funcionamiento institucional dentro de los valores democráticos preestablecidos, antes de que se produzca el reclamo furioso.

Quizá es tiempo de enfrentar los desafíos para la ciudadanía y la dirigencia: restablecer la credibilidad y fortalecer la institucionalidad para ganar la lucha contra la depresión ciudadana y los mesiánicos; entrar al círculo virtuoso de creer en nosotros.

Roberto Fayad
DNI 13.335.288

Los Andes
Martes 26 de Junio de 2007

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