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Malargüe: Prohíben discutir sobre la ecología
El contenido de las charlas ambientales debe informarse al Concejo Deliberante
Intercambiar ideas ecológicas y discutir sobre el medio ambiente ya no es una opción libre en el sur de la provincia de Mendoza.
Una resolución del Concejo Deliberante de Malargüe prohíbe que se realicen reuniones, en las que se discutan temas ambientales, sin antes presentar los contenidos y los fines de las charlas ante el gobierno municipal y ante dicho Concejo.
El territorio mendocino incentiva, paralelamente, el crecimiento de las inversiones mineras, tal como lo afirmó a LA NACION la concejala Silvia Calvi, impulsora del proyecto, que agregó: "Este sector será en el futuro la principal fuente de riqueza de la provincia".
La polémica medida despertó las críticas de organismos ecológicos y de especialistas porque viola los derechos constitucionales, la ley nacional del ambiente y el Pacto de San José de Costa Rica.
Todo comenzó a raíz de una asamblea ambientalista, realizada en mayo, en la que participaron distintas organizaciones que, convocadas para hablar sobre la conservación de las fuentes de agua, terminaron por discutir sobre la actividad minera.
Ante esta situación, el Concejo decidió controlar las posibles opiniones antimineras con la resolución 100/07, a fines de mayo último.
"En la asamblea se criticaron algunos puntos de la minería que son violatorios de la legislación ambiental. El Concejo lo tomó como excusa para dictar esta resolución", explicó a LA NACION Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FADE), quien denunció ante la Fiscalía de Estado el carácter anticonstitucional de la normativa.
La resolución también vulnera los presupuestos mínimos de la ley 25.675, del ambiente, y el Pacto de San José de Costa Rica, al cual adhirió nuestro país. Así lo señaló a LA NACION el constitucionalista y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Daniel Sabsay. "La resolución viola los derechos a la libertad de expresión, a peticionar ante las autoridades y a participar en la toma de decisiones", aseguró Sabsay.
Y añadió: "Se vulneran también los derechos concedidos por la ley ambiental -participación pública y libre acceso a la información, entre otros-. Es una modalidad de censura".
Para el director de Greenpeace Argentina, Juan Carlos Villalonga, la norma es violatoria del derecho constitucional de libre asociación con fines lícitos. "Es sorprendente. Suena prejuicioso y no genera un clima adecuado", expresó.
Qué dice el Concejo
Calvi añadió a LA NACION que la minería es una actividad preponderante en la economía de Malargüe y que quieren darles una oportunidad a los inversores. "Queremos evitar que los ambientalistas nos corten las rutas", dijo Calvi.
La concejala señaló que la resolución está dirigida solamente a Carlos Benedetto. "Es una persona muy conflictiva en el pueblo. Siempre se mete en todo. Esta resolución es contra él", acusó Calvi.
Sobre esto, Sabsay puntualizó que, más allá de lo que digan, la ordenanza es general y para todos. "Están decidiendo quién puede participar y quién no, casi como el voto calificado", observó el constitucionalista.
Benedetto expresó: "Es el modus operandi que han tenido siempre: impulsar una minería sin contras y sin gente que haga preguntas".
A diferencia del resto de Mendoza, que se destaca por la vitivinicultura, Malargüe vive del turismo. Benedetto explicó que, por la falta de bodegas, la minería se proyectó como una actividad sin contras. "Algunos se casaron con la idea de que las riquezas mineras opacarán el poderío industrial vitivinícola. Hace 10 años pasó lo mismo con el turismo y también tuvieron problemas ambientales por la falta de planeamiento", sostuvo.
Por Nathalie Kantt
De la Redacción de LA NACION
La Nación
jueves 5 de Julio de 2007
