El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, advirtió ayer una "falta de instrumentos jurídicos" que permitan superar "el desacuerdo político en los próximos años" en el plan oficial de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo.

Los duros cuestionamientos surgieron de los comentarios que realizó Lorenzetti mientras interrogaba a la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti. Aunque siempre se mantuvieron las formas, los cruces entre Lorenzetti y Picolotti subieron la temperatura en el Palacio de Justicia durante el segundo y último día de la tercera audiencia convocada para debatir el proyecto del Gobierno.

La jornada tuvo menos público que la de anteayer y sólo expuso el Estado. Además de Picolotti, respondieron a las preguntas del máximo tribunal, Mario Ferdkin, asesor de Infraestructura de la Autoridad de Cuenca (Acumar), y Ana María Speranza, directora nacional de Salud Materno-Infantil.

Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y el presidente de la Corte representaron al máximo tribunal.


Las preguntas

Lorenzetti tuvo casi siempre la iniciativa y realizó la mayor cantidad de preguntas. "Si el plan de saneamiento durara 15 años, la estructura institucional que reúne a los municipios y a los tres gobiernos (el Nacional, el bonaerense y el porteño) debería durar ese período. ¿Qué grado de fortaleza tienen los convenios?", lanzó al principio de la Audiencia.

Picolotti contestó: "Hay convenios marco y específicos que lo garantizan". El juez volvió a preguntar: "Insisto: el problema es jurídico. ¿Hay estructura para sostener el sistema 15 años?".

"Yo creo que sí. Estoy convencida. El marco institucional es lo suficientemente sólido", respondió.

Pero el presidente de la Corte parecía lejos de estar convencido y, en lo que duró el resto de la audiencia, volvió a interrogarla cuatro veces más sobre el mismo tema.

Las preguntas se dirigieron luego al presupuesto del plan. Picolotti explicó que la Autoridad de Cuenca -el ente que reunirá a los gobiernos de la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación- no tendrá fondos propios y serán los distintos miembros del ente los que brinden el dinero.

La pregunta de Lorenzetti no se hizo esperar: "¿Cómo se sostendría, por ejemplo, si una de las partes decide un año no pasar presupuesto?".

"Si la Acumar manejara el dinero, ese problema tampoco se podría solucionar", evadió Picolotti. Lorenzetti seguía sin estar conforme y se lo hizo saber.

"El problema es que en el plan no está previsto el desacuerdo político a mediano plazo", sentenció.

A este cuestionamiento por la falta de un marco jurídico adecuado del plan, le siguieron otros por la falta de previsión en distintos aspectos del proyecto oficial.

Por ejemplo, Ferdkin, al hablar de infraestructura, explicó que se realizará una gran planta de tratamiento de residuos en la ciudad como la planeada (y nunca concretada) por Aguas Argentinas, en 1998. "En el pasado hubo problemas. Se trata de un asunto complejo y hay que prever esa complejidad", advirtió Lorenzetti.

A pesar de las críticas, Picolotti se mantuvo firme durante toda la jornada y, cuando pudo, aprovechó para acusar a las compañías (Antivar, Orvol y Agsa), instaladas en el Polo Petroquímico de Dock Sud.

"Las empresas mintieron. No colaboraron como dijeron ayer [por anteayer] en la audiencia", acusó. También dedicó tiempo a elogiar al presidente Kirchner: "Nuestro presidente se puso a la cabeza del proyecto. El único gobierno con voluntad política de sanear al Riachuelo en la historia es éste".

En la jornada de anteayer, vecinos y ONG habían puesto especial énfasis en la falta de un plan sanitario para la zona afectada. Es más: dijeron que la situación se había agravado.

Speranza, de Salud de la Nación, defendió al Gobierno: "El Estado está brindando respuestas con distintos planes en la zona".

Por Agustín F. Cronenbold
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Viernes 6 de Julio de 2007

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