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La Corte, preocupada por el futuro del Riachuelo
Desde el máximo tribunal expresaron inquietud sobre los riesgos institucionales a los que estaría expuesto el Plan de Saneamiento cuyo período de ejecución trascenderá los límites del Gobierno de Néstor Kirchner
Según un comunicado de prensa difundido por la Corte, el presidente del cuerpo Ricardo Lorenzetti le preguntó a la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti sobre la solidez institucional de la Autoridad de Cuenca.
Picolotti respondió que a su juicio, "la única garantía residía en la sociedad civil y en el compromiso de la gente".
Luego que Picolotti reconoció que todavía no pudieron tener una reunión formal de la mencionada Autoridad, por "demoras en su constitución", el Presidente del tribunal, preguntó quién recibía los financiamientos y tenía las responsabilidades de realizar las auditorías. La funcionaria respondió que "la responsabilidad era de los organismos nacionales, provinciales y municipales".
Lorenzetti insistió en la cuestión jurídica que implica que no esté asegurada la continuidad institucional del Plan, tras lo cual inquirió sobre la disponibilidad de la información sobre los flujos de de efluentes contaminados que se vierten en la Cuenca, a la que debieran poder acceder las partes de este juicio, terceros o ciudadanos afectados.
Respecto de la desactualización de la información disponible sobre el impacto ambiental e informes epidemiológicos, Picolotti señaló que este año estarán concluídos y de ahí en más serán permanentemente actualizados.
Por su parte, la ministra de la Corte, Carmen Argibay interrogó a la funcionaria sobre la relación que había entre el Plan de Saneamiento con el desplazamiento de algunas empresas ubicadas en el Puerto de Dock Sud, en el caso de que su operación no entrañara riesgo ambiental para la Cuenca.
La funcionaria respondió que existía un Plan de Ordenamiento Territorial que preveía el desplazamiento de alguna de las empresas, a lo que Lorenzetti indicó que el tema del ordenamiento del territorio "contiene un aspecto de discrecionalidad del Estado, tanto en lo que hace al traslado de población como de empresas".
Luego, Juan Carlos Maqueda, le formuló, al asesor de infraestructura de la Autoridad de Cuenca, ingeniero Mario Ferdkin, un conjunto de preguntas sobre las obras cloacales previstas. Particularmente inquirió sobre el ordenamiento temporal de las obras.
El ingeniero. Ferdkin destacó que a pesar de tener cada una plazo y financiamiento, estaban "organizadas en una secuencia que se completaría en cinco o seis años, todas realizadas por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa pública que depende del Ministerio de Planificación de la Nación".
Por Vanesa Petrillo
Infobae.com
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Viernes 6 de Julio de 2007