La Corte Suprema puso fin ayer a la tercer audiencia pública por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, con una ampliación de la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, sobre algunos aspectos del plan oficial. Así lo habían requerido los jueces del tribunal el miércoles, en la primera etapa de esta audiencia.

Puntos que defendió el Gobierno La secretaria Romina Picolotti señaló que de los 140 basurales a cielo abierto que hay en la zona de la cuenca, se relevaron 28 y está listo el proceso licitatorio para contratar las empresas que se harán cargo de la limpieza. La funcionaria enfocó su exposición de ayer en las tareas que ya se están realizando, como las "inspecciones in situ" y "las 1.500 intervenciones a empresas" instaladas en la cuenca. Picolotti agregó que se está trabajando para "bajar el nivel de riesgo" y que, en tal sentido, se atienden determinadas zonas como el polo "Dock Sud", para el traslado de empresas con menor plantel, con el objetivo de que sea "menos doloroso" en el aspecto social. La funcionaria señaló ante la Corte que el Gobierno nacional está realizando un "enorme esfuerzo" en la puesta en marcha de este plan.

También respondieron algunas preguntas la Directora Nacional de Salud Materno-Infantil, Ana María Speranza, y el asesor de infraestructura de la Autoridad de Cuenca, Mario Ferdkin.

El plan había recibido críticas de diversos sectores que intervienen es esta causa ("Mendoza Beatriz c/ Estado nacional y otros"), y un informe con algunos señalamientos negativos por parte de peritos de la UBA convocados por la Corte.

El próximo paso del tribunal será decidir si reclama nuevas medidas para profundizar el plan. Según dejaron trascender fuentes de la Corte, el proyecto abunda en imprecisiones en algunos aspectos como el financiamiento, los planes de salud o el impacto ambiental. Pero esta decisión sería tomada recién tras la feria judicial de invierno y como paso previo a otra definición: aprobar o rechazar este plan pre sentado en forma conjunta por los Gobiernos nacional, provincial y porteño.

En la audiencia de ayer, que duró algo menos de tres horas, Picolotti consideró que el programa para el saneamiento de la cuenca "es muy sólido". Aunque reconoció que es "imposible" comprometer un presupuesto por 10 años, porque las previsiones de gastos, que debe aprobar el Congreso, son "anuales".

La Corte insistió sobre la disponibilidad de la información referida a los efluentes contaminados que se vierten en la Cuenca, a la que debieran poder acceder las partes de este juicio o los ciudadanos de la zona afectada.

En respuesta a la desactualización de la información sobre el impacto ambiental y los informes epidemiológicos, un punto muy cuestionado del plan, Picolotti señaló que este año concluirán y serán actualizados.

La jueza Carmen Argibay preguntó sobre la relación que había entre el Plan de Saneamiento y el desplazamiento de empresas ubicadas en Dock Sud, en el caso de que su operación no entrañara riesgo ambiental para la Cuenca. Picolotti respondió que existía un Plan de Ordenamiento Territorial que preveía esa mudanza.

La jueza Elena Highton preguntó sobre la existencia de un plan de salud para la población que habita en la Cuenca. Ana María Speranza respondió describiendo una serie de acciones que llevan adelante en el lugar los equipos de salud, destacando sus resultados positivos.

Por su parte, el juez Juan Carlos Maqueda inquirió al asesor de infraestructura de Cuenca, Mario Ferdkin, sobre las obras cloacales previstas. Ferdkin dijo que estaban organizadas en una secuencia que se completaría en 5 o 6 años, realizadas por AySA.

Por último, Lorenzetti preguntó si se había contemplado el riesgo del cambio de autoridades, a lo que Picolotti replicó que, a su juicio, la única garantía residía en la sociedad civil y en el compromiso de la gente.

Silvana Boschi
sboschi@clarin.com

Clarín
Viernes 6 de Julio de 2007

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