El futuro de Romina Picolotti en el gobierno de Néstor Kirchner es incierto. En una reunión en la que debió esperar cuatro horas al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la secretaria de Ambiente comenzó a presentar un informe con las explicaciones sobre el manejo financiero de la repartición a su cargo, tras ser denunciada penalmente a raíz de una investigación periodística que reveló contrataciones de familiares con salarios elevados, gastos presuntamente injustificados y desviaciones presupuestarias a través de una fundación pública.

El encuentro fue por demás demostrativo de los ánimos que reinan en la Casa Rosada con Picolotti: la funcionaria estuvo reunida a solas con Fernández durante una hora, pero el jefe de Gabinete suspendió el cónclave en la mitad para atender al canciller Jorge Taiana y a los asambleístas de Gualeguaychú y la dejó esperando a Picolotti durante cuatro horas en una sala contigua a su despacho.

Al término de esa reunión, cerca de las 22.15, el ministro de mayor confianza de Kirchner le pidió a la cuestionada secretaria de Estado que regresara hoy por la mañana para continuar con la exposición.

Picolotti había llegado a la Casa Rosada a las 17.15, sola, con una serie de apuntes bajo el brazo y una computadora personal. Fernández la recibió en su despacho. El encuentro transcurrió a puertas cerradas durante una hora.

Tal como estaba pautado, el presidente Kirchner no tuvo participación ninguna en el cónclave. De hecho, ni siquiera se cruzó con la cuestionada secretaria de Estado: el jefe del Estado partió rumbo a la Bolsa de Comercio a media tarde y, cuando regresó, por la noche, convocó al jefe de Gabinete a su despacho.

Fue entonces cuando Fernández, que recién salía de su reunión con los asambleístas y con Taiana, decidió postergar la exposición de Picolotti para la mañana de hoy.

Los ánimos de la funcionaria no eran los mejores ante ese trato, pues, según explicaron a LA NACION altas fuentes oficiales, no pudo cumplir con su cometido, que era explicar personalmente cada uno de los puntos por los que se la ha acusado en las últimas horas.

"Dejó un informe por escrito, pero no terminó de explicárselo... ella quería explicarlo, pero no pudo", dijo un estrecho colaborador de la secretaria, con sumo desconcierto.

"Ella quiere seguir con su gestión. Tiene convicción en su lucha por el medio ambiente. Recibió además muchas adhesiones de vecinos de Dock Sud, de La Matanza y de comunidades aborígenes de todo el país", sostuvo la fuente consultada.


Incógnita

De todos modos, la continuidad de Picolotti en el Gobierno es una incógnita. Cuando estalló el escándalo, a raíz de una nota de Clarín , la Casa Rosada buscó restarle dramatismo y dar respaldo a la funcionaria.

"Es una funcionaria honesta y de bien", la defendió públicamente el jefe de Gabinete anteayer, aunque admitió que, si se comprobara que existen irregularidades en su gestión, será "el primero en tomar medidas". Esas medidas, según trascendió, podrían decidirse hoy.

La Casa Rosada buscó además dar un cariz conspirativo al artículo periodístico que abrió el escándalo. Específicamente, Fernández dijo que se había originado en informaciones suministradas por un funcionario llamado Bruno Carpinetti, al que Picolotti había desplazado al llegar a la Secretaría de Ambiente, y que fue elaborado con "mala intencionalidad".

La aparición pública de las presuntas irregularidades en la Secretaría de Ambiente provocó un fuerte malestar político. El tema, que se suma a la controvertida situación de la ministra de Economía, Felisa Miceli, investigada por la Justicia por la aparición de una bolsa con dinero en efectivo en el baño privado de su despacho (sobre lo que se informa en la página 6), se ha transformado en un escollo para las aspiraciones electorales del oficialismo con miras a los comicios nacionales de octubre próximo.


Más denuncias

Mientras Picolotti buscaba dar explicaciones al Gobierno, los tribunales recibían ayer tres denuncias en su contra por "defraudación" e "incumplimiento de los deberes de funcionaria", entre otras acusaciones.

La denuncia inicial fue radicada por el abogado Ricardo Monner Sans y recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, mientras que la segunda fue presentada por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa y quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría.

El diputado nacional Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires), por su parte, presentó una denuncia penal para que se investigue si la funcionaria incurrió en "malversación de bienes públicos o administración fraudulenta".

Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Miércoles 11 de Julio de 2007

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