El Gobierno ratificó ayer en su puesto a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, denunciada penalmente a raíz de una investigación periodística que reveló contrataciones de familiares con salarios elevados, gastos presuntamente injustificados y desviaciones presupuestarias a través de una fundación pública.

Tras recibir un informe escrito de Picolotti, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó a la funcionaria. Lo hizo mediante una ponencia en la sala de conferencias de la Casa Rosada, en la que estuvo acompañado por una Picolotti que no habló en ningún momento.

Sin permitir preguntas, Fernández dio una versión de los hechos en la que incluyó acusaciones inusualmente duras al periodista del diario Clarín que firmó el artículo sobre la secretaria de Ambiente.

El jefe de Gabinete no desmintió el grueso de la información periodística que suscitó el escándalo; el argumento esgrimido fue que todas las acusaciones que se formularon en su contra fueron producto de "una operación" de un funcionario desplazado de la secretaría, Bruno Carpinetti.

Además, Fernández sostuvo que están justificadas las contrataciones de personal que duplicaron la estructura existente, los niveles salariales, las compras de mobiliario, computadoras y vehículos, la contratación de aviones privados para vuelos por el país y la derivación de recursos presupuestarios a una fundación pública llamada ArgenInta para ejecutar gran parte de aquellas acciones, tal como surgió de la investigación original.

Todas fueron realizadas, dijo el jefe de Gabinete, en el marco de la ley y estuvieron fundadas en la necesidad de atender las nuevas funciones y tareas que adquirió la secretaría durante el gobierno de Kirchner.

"Se copió una carpeta que estaba dando vueltas, que no era más que una operación política para lastimar a una funcionaria del Gobierno", dijo Fernández, como una forma explícita de descalificar la investigación periodística.

De hecho, el apuntalamiento de la funcionaria no fue sólo una minuciosa explicación de las contrataciones y de las compras realizadas, sino que consistió, por sobre todo, en un frontal cuestionamiento al periodista que escribió la nota, Claudio Savoia. Decenas de veces, el jefe de Gabinete decalificó al autor del artículo al denominarlo "pseudoperiodista" o "pseudoinvestigador". Y de Clarín dijo: "Habría que preguntarse a qué intereses responde el diario que publica tan graciosamente estas cosas".

Respecto de las denuncias, sostuvo: "Cuando llegamos recibimos una secretaría que era ajena a los problemas nuevos. Para poder hacernos cargo de las papeleras, de la limpieza del Riachuelo y del control de la actividad minera era imposible desarrollarlo con el cuadro de agentes que había".


Números polémicos

Fernández luego defendió la idoneidad del nuevo personal. Sostuvo que "del total de 306 nuevos contratados en la gestión, el 78 por ciento tiene formación universitaria y el 35 por ciento tiene posgrados".

Respecto de los niveles salariales, el funcionario señaló que no se registran sueldos de 12.000 pesos ni de 25.000 pesos, como consta en el artículo original. Fernández minimizó también el hecho de que entre los contratados hubiera varios que mantienen parentescos con Picolotti y justificó los nombramientos -unos siete tienen relación de familiaridad o amistad con la secretaria- en el hecho de que cuentan con vasta experiencia en materia ambiental. "No existen parientes ni amigos contratados", comenzó.

Pero luego mencionó -y justificó en su formación educativa- los casos del hermano de la funcionaria, Juan Picolotti, que se desempeña como jefe de Gabinete de la secretaría, y de la prima hermana de Picolotti, Valeria Yaryez, que es la coordinadora social de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Sobre los viajes en aviones privados, Fernández dijo que Picolotti nunca utilizó estos servicios para ir a descansar a su provincia natal, Córdoba. "De 26 viajes que hizo, en seis ocasiones usó un avión privado. Todos fueron ida y vuelta en el día. Y en todos los viajes tuvo actos públicos", justificó.

El jefe de Gabinete defendió, además, la derivación de fondos presupuestarios a la fundación ArgenInta para concretar el grueso de las compras y contrataciones que se denunciaron: "ArgenInta es controlada por la Sindicatura General de la Nacion (Sigen) y por la Auditoría General de la Nación (AGN). Ninguno de los dos organismos ha formulado observaciones".

Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION

Hermana

• La sucesión de nombramientos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable registró un caso curioso. Se refiere al de al arquitecta Adriana Miceli, coordinadora de la Unidad de Arquitectura Sustentable de esa secretaría, que depende del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Adriana Miceli sería la hermana de la ministra de Economía, Felisa Miceli, según propios allegados a la ministra.

La Nación
Jueves 12 de Julio de 2007

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