Comienza a cerrarse el cerco para los fumadores de todo el país. Las comisiones de Salud y de Control de Adicciones de la Cámara de Diputados emitieron ayer en tiempo récord un dictamen positivo a un proyecto de ley de control del tabaco que establece severas restricciones a los fumadores en lugares públicos, limita de manera drástica la publicidad de estos productos y fija la obligatoriedad de la educación antitabaco en establecimientos públicos de los tres niveles de enseñanza de todo el país.

Un día después de ingresado, el proyecto de ley -que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud, que encabeza Ginés González García- obtuvo dictamen positivo en la reunión conjunta de comisiones, con lo que quedó en condiciones de ser tratado en el recinto durante la próxima sesión.

En una muestra de inesperado consenso, la norma fue firmada por 15 diputados de distintas bancadas, entre ellos Lucía Garín de Tula (UCR-Catamarca), titular de la Comisión de Adicciones; Silvestre Begnis (FPV-Buenos Aires), titular de la Comisión de Salud; Alicia Tate (UCR-Santa Fe), y Paula Bertol (Pro-Capital).

"Los diputados hemos resuelto presentar un proyecto estricto sobre control del tabaco porque llegó la hora de hablar menos y hacer más", afirmó Bertol, autora del proyecto de control del tabaco durante su gestión en la Legislatura porteña.

El proyecto, que resume varias iniciativas presentadas en los últimos años, va un paso más allá de las reglamentaciones ya aprobadas en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe.


Tolerancia cero

El artículo 15 -el más resistido por las empresas tabacaleras- "prohíbe el consumo de tabaco en lugares cerrados de acceso al público del ámbito público o privado. Están incluidos en esa prohibición los lugares de trabajo cerrados y los medios de transporte público".

De esta manera desaparecerán de hecho los espacios cerrados para fumadores en bares y restaurantes y sólo se podrá dar una pitada al aire libre o en domicilios particulares.

Según la norma por aprobarse, la publicidad de distintas marcas queda limitada sólo a las publicaciones de orden técnico, y los lugares de expendio deberán incorporar un cartel de no menos de 30 centímetros en el que se recuerde la prohibición de la venta de cigarrillos a menores de 18 años.

El proyecto también establece la incorporación de contenidos de difusión sobre los perjuicios del cigarrillo en la currícula de los establecimientos primarios, secundarios y universitarios de todo el país, en un plazo no superior a dos años.

También se prevé establecer una línea de teléfono gratuita para denuncias sobre infracciones a la ley y controles independientes en la producción de cigarrillos para asegurar que los máximos de toxicidad no sean superados.


Salud pública

"Esta ley no tiene que ver con la restricción de las libertades individuales, sino con la salud pública", agregó Bertol, en defensa del proyecto, que ya ha despertado resistencias en diputados de las provincias tabacaleras.

Fuentes de la Comisión de Adicciones reconocieron a LA NACION que el proyecto tendrá no pocos detractores no bien llegue al recinto, pero confiaron en que la presión pública en favor de mayores limitaciones para los fumadores será suficiente para atenuar las críticas. "La sociedad está hoy más madura que hace unos años y pide una legislación de ese tipo", dijeron los asesores.

Los antecedentes, no obstante, no son demasiado halagüeños. Durante todo 2006, un proyecto similar perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en la Comisión de Comercio de la Cámara baja. En el Senado, una Cámara históricamente renuente a tratar el tema, una iniciativa del propio González García nunca fue tratada desde el año último.

Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Jueves 12 de Julio de 2007

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