El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid aceptó investigar la actuación del ministro del Interior, Aníbal Fernández, la noche del 30 al 31 de diciembre de 2004, cuando se incendió el boliche "Cromañón" en el que murieron 194 personas.

Cómo está la causa La tragedia de Cromañón será juzgada por el Tribunal Oral 24, según decisión de la Cámara de Casación Penal. Hay quince imputados: el empresario Omar Chabán, su ex mano derecha Raúl Villarreal, los ocho músicos de Callejeros, tres ex funcionarios del Gobierno porteño y dos jefes policiales. El fiscal federal Jorge Di Lello, que entiende en la denuncia entablada por Righi contra el ministro Fernández, fue recusado porque está a cargo de la Unidad Fiscal del Registro Nacional de Armas, que depende precisamente del Ministerio del Interior.

Al ministro se le imputa no haber dispuesto un efectivo vallado policial que hubiera impedido que los jóvenes que alcanzaron a escapar del local, reingresaran para rescatar a sus amigos y se convirtieran en víctimas mortales luego; la no conformación de un corredor sanitario y la no habilitación de un adecuado escalón de respuesta hospitalaria ante el desastre. También se le reprocha el que se haya trasladado a víctimas en móviles policiales, sin atención médica y sin determinar la gravedad de cada caso.

Fuentes del ministerio dijeron anoche a Clarín que Fernández va a esperar a tener acceso al expediente y que luego dará las explicaciones sobre el caso. Cuenta con el apoyo del asesor legal del ministerio, Gustavo Frasquet.

La denuncia fue hecha por Ricardo Righi, padre de Emiliano, uno de los jóvenes admiradores del conjunto "Callejeros" que murió en la tragedia. Righi, con el patrocinio del abogado Fernando Soto, sostiene en su escrito que muchas de las muertes de aquella noche pudieron haberse evitado, incluida la de su hijo.

La denuncia recorrió un extraño camino. Fue presentada en el juzgado de la doctora María Angélica Crotto, que lleva adelante la causa. La jueza sostuvo que no había delito alguno por el que investigar al ministro, fallo que fue sostenido por la Sala V de la Cámara del Crimen. Ante una nueva denuncia presentada ante el fuero federal, y a pedido del fiscal, Crotto se declaró incompetente para actuar en la causa en la que no había hallado antes mérito alguno para investigar.

Así llegó a manos de Aráoz de Lamadrid la investigación que intenta desentrañar quiénes y cómo tomaron las decisiones claves en la noche del desastre.

La denuncia argumenta que la fuerza policial depende directamente del ministro del Interior y que el escalón de respuesta previsto ante una tragedia prevé el uso de los hospitales del Gobierno porteño y los de las fuerzas de seguridad, entre ellos los hospitales Policial Churruca, Naval, Militar y Aeronáutico.

"No fue evaluada la capacidad de los hospitales públicos, ni se coordinó la derivación de pacientes a otras instituciones de la ciudad -dice la presentación judicial- lo que dio lugar a que se sobrecargaran hospitales como el Penna y Ramos Mejía".

Righi afirma que entre la una y media y las dos de la mañana del 31 de diciembre, el hospital Penna estaba saturado de pacientes, muchos de ellos amontonados en un playón, y que en el cercano hospital Churruca le dijeron que allí "no se habían trasladado civiles porque sólo era para atención del personal policial". El hospital Churruca recibió a víctimas de Cromañón "mucho más tarde" del episodio que cita la denuncia.