Cuando parecía más calmada, la polémica por la construcción de torres en Capital revivió, y ya despertó un fuerte cruce de acusaciones. El Gobierno porteño promulgó una ley que obliga a los constructores a presentar certificados de las empresas de servicios públicos que garanticen que las obras nuevas no afectarán la prestación de luz, gas, agua y cloacas a los otros vecinos. Sin embargo, y contrariamente a lo que se creía, esa ley comenzará a regir recién el 1º de julio del año que viene. En la práctica, los desarrolladores tendrán un año de gracia para presentar sus proyectos sin los nuevos requisitos.

La ley es la Nº 2.359. Fue presentada por el macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. La Legislatura la aprobó por primera vez el 7 de diciembre pasado. Por una cuestión formal, tuvo que pasar por Audiencia Pública (se hizo el 19 de marzo). En la segunda y definitiva votación, el 28 de junio, fue sancionada con un solo voto en contra (del socialista Martín Hourest) y 35 a favor, incluidos diputados macristas, kirchneristas y también de los que apoyan a Telerman.

¿Qué dice la ley? Que todos los desarrolladores que quieran construir en cualquier lugar de la Capital deben primero obtener certificados de las privatizadas en los que se asegure que los edificios no perjudicarán la infraestructura de servicios.

Es una medida más abarcativa que el decreto Nº 220, que firmó el Ejecutivo en febrero e impone que en zonas de cinco barrios (Caballito, Palermo, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), los constructores deben presentar un certificado similar pero sólo de la empresa AySA, por el agua y las cloacas.

La ley, resistida por los desarrolladores inmobiliarios, busca ordenar los reclamos vecinales, que incluso habían llegado a la Justicia. Sólo faltaba promulgarla.

Y aquí apareció el problema. El Ejecutivo la promulgó el lunes 23. Pero en vez de decir que el requisito de los certificados corría desde ahora, dispuso que regirá desde el 1º de julio de 2008.

¿Por qué? "Es lo que plantea el Código de Edificación. Cada modificación que se le haga debe correr desde el 1º de julio del año siguiente. Es lo que marca la ley y lo que siempre se hizo, no hubo una interpretación distorsiva", afirmó Gabriela Stortoni, directora Legal y Técnica del Ministerio de Obras Públicas.

En los hechos, los desarrolladores tendrán un año más con la normativa actual. Es decir que hasta julio de 2008 podrán presentar sus proyectos sin conseguir los certificados, y por lo tanto sin una constancia de que sus obras no perjudicarán al resto del barrio.

Muchos creen que ahora se viene una avalancha de pedidos de permiso de obra, porque los constructores se apurarán a presentar los papeles para no tener que cumplir con los futuros requisitos.

La novedad cayó como una bomba en la Legislatura. "Esto no estaba previsto, cuando votamos la ley era para que empezara a regir ahora. En el Ejecutivo, donde dicen que defienden a los vecinos, se agarraron de un tecnicismo legal para no pelearse con los constructores. Pero en febrero, cuando les convenía, sacaron el decreto Nº 220 sin esperar. Si hubieran tenido la voluntad política, ahora también lo habrían hecho", afirmó, muy molesto, el diputado González.

En el kirchnerismo se sorprendieron tanto que a algunos diputados no pudieron contener una risa irónica. "Puede ser que haya una explicación legal, pero esta decisión va en contra del espíritu de la ley, y no tiene que ver con lo que reclama la gente. Si la votamos fue para que empezara a regir inmediatamente", aseguró Diego Kravetz, presidente del bloque K.

Más allá de lo estrictamente legal, hubo diversas interpretaciones políticas. Algunos consideraron que con esta medida el Ejecutivo buscó "tirarle el problema" al futuro gobierno macrista. A la inversa, otras fuentes, más suspicaces, se preguntaban si en realidad la postergación no habrá sido charlada entre el Gobierno actual y el que viene.

Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

Clarín
Viernes 3 de Agosto de 2007

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