Por “falencias graves”, falta de fundamento y contradicciones, la Cámara Federal de Córdoba anuló ayer la polémica resolución en la que el ex conjuez de la causa de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, Diego Estévez, había cerrado la investigación y sobreseído a los seis oficiales del Ejército acusados.

En una muy breve resolución que combina fuertes críticas a Estévez con elogios, los camaristas Ignacio María Vélez Funes, Humberto J. Aliaga y Gustavo Becerra Ferrer dispusieron la continuidad de la causa que investiga las explosiones de 1995, que Estévez había cerrado el 5 de diciembre del año pasado.

En aquel criticado fallo, Estévez, que luego fue apartado por la misma cámara, había recurrido al sitio de Internet Rincón del Vago, que suelen usar los estudiantes, para intentar refutar el peritaje oficial que demostró que las explosiones habían sido intencionales.

Horacio Viqueira, uno de los abogados de la querellante Ana Gritti, viuda de una de las siete víctimas, se mostró satisfecho, pero lamentó que la Cámara demorara seis meses, “porque el 3 de noviembre, al cumplirse 12 años del hecho, la causa habrá prescripto para quienes no hayan sido acusados, aunque no para los oficiales que ya están imputados."

Ricardo Monner Sans, otro abogado de la querella que también integra Aukha Barbero, consideró necesario que el actual juez federal, Oscar Valentinuzzi, de Bell Ville, "indague al ex presidente Carlos Menem".

El 3 de noviembre de 1995, la fábrica que recibía el armamento del Ejército destinado al contrabando a Croacia y a Ecuador sufrió varios estallidos que mataron a siete vecinos y destruyeron tres barrios de la ciudad. Las explosiones se produjeron cuando en la ciudad de Buenos Aires avanzaba la investigación del contrabando.

Gritti y el fiscal federal Carlos Stornelli dicen que el hecho fue una consecuencia del contrabando de armas.

Ante la Cámara Federal, Monner Sans planteó hace un mes que existía una relación entre el contrabando de armas, la voladura y la caída, en 1996, de un helicóptero del Ejército en el Campo de Polo de Palermo, que ocasionó la muerte de once de los pasajeros. Entre ellos, el general Juan Carlos Andreoli, titular de Fabricaciones Militares cuando ocurrió el atentado contra la planta de Río Tercero.

En la causa de la voladura, un peritaje oficial demostró hace tres años que las explosiones habían obedecido a un atentado cuidadosamente planificado que incluyó contraexplosiones para dirigir las ondas expansivas.

Pero, en su criticada resolución, Estévez negó toda vinculación con el contrabando de armas, sostuvo que las explosiones no habían sido intencionales, acusó a una importante testigo y rechazó el peritaje oficial con argumentos del sitio de Internet El Rincón del Vago.


Críticas y elogios

Ahora, los camaristas recogieron los argumentos de Gritti, Stornelli y del fiscal de la Cámara, Alberto Gabriel Lozada, y concluyeron que el fallo de Estévez "carece del adecuado razonamiento lógico deductivo-inductivo", tiene "falencias graves", no valoró todos los testimonios y elementos de prueba y se basó en "simples conjeturas y suposiciones"

"Adviértase que en la última parte de su resolución hace referencia a la incertidumbreque le generan la investigación y sus propias conclusiones", afirman los camaristas.

Destacan, además, que Estévez consideró "responsables directos" a los directivos de Fabricaciones Militares y de la planta, pero que, en el mismo fallo "concluyó con el sobreseimiento de los imputados [todos oficiales de Fabricaciones Militares] por «resultar ajenos al objeto de instrucción». [...] Ello demuestra la incoherencia y contradicción de su razonamiento".

Pero, tras calificar el fallo de "prematuro, incompleto e injustificado", aseguran que Estévez "ha realizado una minuciosa tarea instructoria que pone de resalto un ponderable esfuerzo y contracción en su labor."

La Cámara ordenó que el nuevo juez resuelva la situación de los militares a quienes Estévez sobreseyó.

Estévez, un abogado civilista de Río Cuarto, aceptó hacerse cargo de la causa en marzo de 2005, cuando fue sorteado entre los abogados de Río Cuarto luego de que el juez federal Luis Martínez se apartó tras investigar el caso durante años como un accidente. Hoy, Estévez es abogado de los padres de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en un country.

Aquel apartamiento de Martínez coincidió con la llegada de Stornelli y fue el comienzo de la oscura etapa de Estévez, que, sumada a los seis meses de demora de la Cámara, le deja a la causa menos de tres meses para acusar a los autores intelectuales.

En este sentido, Gritti dijo a LA NACION que espera que el nuevo juez "resuelva rápido la situación de los militares acusados". Son Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino, Oscar Quiroga, Juan Villanueva, Marcelo Gatto, Miguel Coquet y Edberto González de la Vega (aunque Stornelli no pidió el procesamiento de este oficial).

Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Jueves 9 de Agosto de 2007

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