La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados recibió ayer al superintendente de Riesgos del Trabajo, Héctor Verón, y a los directivos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), para oír sus opiniones sobre el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria), que busca elevar los montos de las indemnizaciones para los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades laborales. Según el legislador, en un mes el proyecto podría tener el dictamen que habilite su paso al recinto.

Los representantes de ambas entidades, la pública y la privada, presentaron observaciones técnicas a algunos de los cambios, por lo que, de avanzar, la iniciativa podría aprobarse, según admitió Recalde, con una suba de las indemnizaciones menos ambiciosa que la inicialmente pretendida.

Una de esas observaciones es que no debería fijarse un valor base para el cálculo de la alícuota del seguro, y otro diferente -más amplio-, para estimar la indemnización. El precio del seguro se calcula sobre los conceptos remunerativos del ingreso del trabajador (lo que está sujeto a aportes a la seguridad social), en tanto que el proyecto pretende que, al estimarse las prestaciones dinerarias por un accidente, se considere también cualquier otro ingreso percibido por el empleado. "Si no cobramos sobre esos conceptos, tampoco podemos dar la prestación sobre ellos", fue el argumento de los directivos de las ART.

Según las compañías, tal como está planteada la iniciativa, la suba de costos rondaría el 100 por ciento.

Uno de los objetivos del proyecto es actualizar los topes de las indemnizaciones. Pero en el sector empresario sostienen que la iniciativa va mucho más allá de una actualización de las prestaciones que, al margen de los topes, se va dando a medida que se recomponen los salarios (ya que están vinculadas con los ingresos laborales).

La gerente general de la UART, Mara Betiol -participó de la reunión junto al presidente de la entidad, Jorge Aimareti y una decena de directivos-, destacó el clima de diálogo en el que fueron recibidos y puntualizó que, si bien las ART no se oponen conceptualmente al ajuste de los pagos, sí consideran que una nueva ley debería adecuar el régimen a los cuestionamientos a la norma que hizo la Corte Suprema hace ya casi tres años.

Uno de esos fallos declaró inconstitucional al artículo 39, que buscó trabar el camino para que un trabajador cubierto por una ART hiciera una demanda contra su empleador. Por ahora, ese tema no encontró consenso: mientras que los empresarios quieren que se fije un plazo en el que el trabajador opte entre cobrar de la ART o hacer un juicio, los sindicalistas y Recalde insisten en que debería permitirse el resarcimiento por ambas vías.

Mientras se debaten ese y otros puntos, Recalde considera que al menos deben elevarse los montos. "Si los trabajadores están conformes con lo que reciben, habrá menos juicios", razonó. En las ART y sus empresas clientes la opinión es que la sola suba de las prestaciones no logrará ese objetivo. El alza de la cantidad de demandas, dada la vulnerabilidad de la ley, es un tema de gran preocupación.

Afirmó que no incluirá en su proyecto la corrección a los puntos cuestionados por la Corte, ya que esa discusión se dará el próximo año. Y agregó que ahora se invitará a la CGT y entidades empresariales a dar por escrito su opinión sobre el proyecto.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Jueves 9 de Agosto de 2007

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