La jueza federal María Servini de Cubría comenzó a investigar formalmente a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Es por las presuntas irregularidades detectadas en el organismo a su cargo y reveladas por Clarín el mes pasado.

Apoyo a los ambientalistas de Gualeguaychú La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, defendió ayer el reclamo de los asambleístas entrerrianos y volvió a denunciar la "ilegalidad" de la construcción de la fábrica de la pastera Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, junto al río Uruguay y frente a las costas de Gualeguaychú. "El reclamo de la gente de Gualeguaychú es un reclamo legítimo. Aquí lo importante es no focalizar sobre el reclamo específico de la gente sino en el motivo, que es la situación de ilegalidad que ha tenido la instalación de Botnia en un recurso compartido", dijo Picolotti a Radio Continental. La funcionaria, que llegó al cargo luego de haber asesorado a los asambleístas entrerrianos, aseguró que "el Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance para revertir la situación con el Estado uruguayo". Igualmente, desestimó un pedido de los asambleístas referido a que se impida la exportación de madera a Uruguay para abastacer a la planta de celulosa de Botnia.

La magistrada solicitó informes sobre todos los contratos de personal efectuados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde que asumió la cuestionada funcionaria, según dijeron fuentes judiciales. Además, pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que le envíe copia de los informes de control que se hubieran realizado en torno al organismo conducido por Picolotti y durante su gestión.

Algunas de las medidas ordenadas por la jueza habían sido requeridas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien pidió formalmente la apertura de una causa penal para determinar si Picolotti pudo haber incurrido en algún tipo de delito, o, más precisamente, en una malversación de caudales públicos. Otras medidas fueron dispuestas directamente por la jueza.

Servini requirió a la Secretaría de Ambiente los legajos personales del subsecretario de Fiscalización y Control, Raúl Vidable, y del director de Recursos Humanos de la Secretaría, Martín Franco, entre otros funcionarios de esa dependencia.

La magistrada quiere que la Auditoría le diga si existen informes de control sobre los fondos asignados a la Secretaría de Ambiente y que en tal caso se los remitan para analizarlos e incorporarlos a la causa. La AGN le dirá, seguramente, que no tiene hechas auditorías sobre la secretaría ambiental desde que Picolotti llegó al cargo, a mediados del año pasado.

Al recomendar el inicio de la investigación penal, el fiscal Marijuán propuso establecer cuántos empleados fueron contratados en la Secretaría durante la gestión de Picolotti, para qué tipo de actividades, con qué modalidad y con cuáles remuneraciones. Además, pidió determinar el rol de la fundación ArgenINTA.

Marijuán también pidió determinar si hubo viajes al interior del país en aviones privados especialmente alquilados por Picolotti, como informó Clarín el mes pasado, y cuáles fueron las inversiones monetarias que demandó el programa de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza - Riachuelo.

La investigación de Clarín sobre los extraños manejos contables y administrativos de Picolotti fue publicada el domingo 8 de julio y motivó la presentación de cuatro denuncias penales contra la funcionaria. Ellas coinciden en reclamar a la Justicia que investigue la supuesta contratación de "amigos y parientes en forma indiscriminada", la posible "derivación de fondos públicos para pagar gastos personales", y el aparente "mal manejo de los generosos fondos" de Ambiente, cuyo presupuesto fue quintuplicado este año. Picolotti fue defendida por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien cuestionó la investigación de Clarín.

Clarín
Martes 22 de Agosto de 2007

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