La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer otorgar 30 días a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para que dé detalles sobre el plan de saneamiento presentado por el Gobierno el año pasado. Además, mediante el escrito, al que tuvo acceso LA NACION, notificó a las 44 empresas privadas demandadas, a los Estados nacional, provincial y bonaerense, y fijó el 31 de octubre próximo como fecha para una nueva audiencia en la que todos podrán ejercer su defensa.

Los jueces del máximo tribunal hicieron un extenso pedido de informes a la Autoridad de Cuenca, presidida por la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti.

Las requisitorias se concentran en varios de los flancos débiles del plan presentado por el Gobierno, que habían sido señalados por los expertos de la Universidad de Buenos Aires, convocados para analizarlo.

Entre los puntos en los que la Corte exige precisiones se destacan:

l la factibilidad de que la Acumar cuente con un presupuesto propio con proyección plurianual que asegure la continuidad del plan de saneamiento. Como también el aporte presupuestario de cada una de las jurisdicciones. En las audiencias celebradas ante la Corte, Picolotti dijo que el ente no cuenta con un presupuesto propio, sino que los fondos se asignan a las dependencias encargadas de cada parte del plan.

l un listado completo y actualizado hasta hoy de todas las industrias existentes en la cuenca. Detalle de las obras hidráulicas, pluviales y de limpieza de las márgenes.

l los traslados poblacionales, de empresas y las relocalizaciones que se programen en el plan. Y la situación de la población en riesgo, como también un diagnóstico de las enfermedades.

Entre los demandados, el máximo tribunal incluyó a los 14 municipios bonaerenses con jurisdicción en el Riachuelo y a la Ceamse.

La Nación
Jueves 23 de Agosto de 2007

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