¿El imperio de la imagen? Después de cinco días de clausura parcial de su refinería por orden del Gobierno, la empresa Shell logró que le levantaran la sanción gracias a la confirmación de anuncios de inversiones que ya había hecho. En realidad, la planta nunca dejó de refinar: se suprimieron principalmente actividades exteriores, como el traslado de combustible desde los muelles.

La historia empezó la semana pasada, cuando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Romina Picolotti, dispuso el cierre de la planta por presunta contaminación, mientras proliferaban las quejas en las estaciones de servicio en un contexto de falta de combustible. Como la parada de una refinería siempre es gradual, la verdadera clausura, si la pena no se hubiera revocado, habría sido pasado mañana, con el consecuente agravamiento de la escasez.

Shell anunció ayer, en un comunicado, lo mismo que había hecho el Gobierno 24 horas antes: que invertiría 60 millones de dólares para mejorar el impacto ambiental en Dock Sud. El desembolso se reparte así: 27,5 millones para bajar el contenido de azufre en los combustibles; 25,5 millones para mejorar la unidad de tratamiento de corrientes gaseosas; 4,2 millones en auditorías de tanques, y 2,6 millones en "equipamiento para monitoreo ambiental". El comunicado habla de "inversiones en curso y por realizar".

La mayor parte de esas iniciativas ya había sido anunciada semanas atrás por el presidente de la empresa, Juan José Aranguren. El ejecutivo siempre se jactó de que Shell era la única compañía que cumplía con aquellas disposiciones del Gobierno.

¿Por qué levantaron la clausura si las inversiones ya existían? ¿Qué fue lo que cambió?, preguntó anoche LA NACION en la secretaría de Picolotti. "En realidad, lo que hizo Aranguren fue presentar documentación que antes no había presentado", contestaron. ¿Es cierto que no se paró la planta?, se insistió. "Se empezó a detener -afirmaron-. Estaba en proceso de detención hasta que presentaron el plan de saneamiento. Depende desde dónde se lo mire. No se puede parar una refinería bajando una palanca: lleva tiempo. Pero la planta estuvo clausurada efectivamente cinco días. Puede averiguar en Prefectura la detención de barcos." Fuentes del sector confirmaron a LA NACION que la medida principal había sido la clausura del muelle.


La política y la ecología

La falta de precisiones avivaba anoche en el mercado las sospechas de que se trataba de una medida más sustentada en el marketing que en una inquietud cierta. ¿Tienen algún estudio ambiental sobre la refinería de Shell?, preguntó anteayer LA NACION en una ONG que hace este tipo de trabajos. "Es un tema político, por eso no opinamos hasta ahora -contestaron-. En realidad, todas las refinerías están en la misma situación." La fuente no aclaró si todas cumplían o no.

Cuando Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, escuchó anteayer la noticia de las inversiones de Shell, se indignó. "¿Cómo? -dijo a LA NACION-. ¿No era que se trataba de una medida arbitraria? ¿Por qué Shell nos mandó a los estacioneros cartas que decían que se estaba cumpliendo con las normas? ¿Ahora resulta que invierten?"

La clausura de la refinería, vale aclarar, no se produjo en un momento inocente de la Argentina energética. Por un lado, falta gasoil en todo el país y empieza a escasear nafta, según reconoció a LA NACION Raúl Castellano, vicepresidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines.

También existe una fuerte controversia dentro del Gobierno: la Secretaría de Energía, una dependencia que por lo general se maneja con criterios técnicos, no coincide con muchas de las decisiones de otras áreas oficiales. La clausura de una planta que produce el 13% del combustible del país habría provocado serios problemas de abastecimiento.

Una prueba del desconcierto fue la respuesta que LA NACION obtuvo la semana pasada en un despacho oficial, al consultar el porqué de la sanción. "No tengo idea, pregunte en la Secretaría de Comercio Interior, que controla el abastecimiento", contestaron. Pero Guillermo Moreno, el hombre que conduce esa dependencia y que pidió la prisión de Aranguren, no tuvo esta vez, al menos en el aspecto formal, incidencia en una decisión que se difundió como destinada a resguardar la salud de la población.

Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Miércoles 12 de Septiembre de 2007

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