Costos mucho más elevados y ninguna solución a los problemas de fondo que tienen en jaque al actual régimen de accidentes y enfermedades laborales. Según las entidades empresariales, ése es el saldo que dejarían, de aprobarse, los cambios propuestos a la ley de riesgos del trabajo por el diputado de extracción sindical Héctor Recalde.

En estos días, los directivos de las cámaras sectoriales le están haciendo llegar al legislador -que preside la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja- sus opiniones sobre el texto, tal como Recalde les había pedido.

La iniciativa plantea un aumento de las indemnizaciones que están a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), pero no toca los artículos que fueron tachados de inconstitucionales por la Corte Suprema, algo que quedará para más adelante.

El escrito enviado por la Unión Industrial Argentina (UIA) sostiene que el proyecto no es viable. Según explicó a LA NACION el principal asesor laboral de la entidad, Daniel Funes de Rioja, hay varios temas que deberían ser incluidos. Uno es la adecuación del régimen a la palabra de los jueces, que cuestionaron que la norma actual impida que un trabajador asegurado recurra a la Justicia contra su empleador. Según los empresarios fabriles, en ese punto debería definirse que el afectado opte por una u otra forma de compensación y que si elige el juicio tenga que hacerlo por el procedimiento de causas civiles y no laborales.

Según Funes de Rioja, sólo uno de los puntos incluidos en el proyecto de Recalde -la elevación del piso para las prestaciones- aumenta los costos del sistema en un 100 por ciento.

Abel Guerrieri, directivo de la Sociedad Rural Argentina (entidad que en los próximos días enviará su opinión al Congreso), afirmó que el encarecimiento ocurriría sin que, a la vez, se elimine la incertidumbre actual sobre cuál es el costo real de un accidente, ya que con el debilitamiento de la ley se incentivó fuertemente la litigiosidad. "Hoy, un empleador piensa que está cubierto [por pagar una ART], pero en realidad no lo está", sostuvo.

En la opinión de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la ley 24.557 -que rige desde 1996- se encuentra en una situación de "anomia práctica". Y el proyecto mantiene la "estructura precaria, a punto de derrumbarse", que está exigiendo un debate más profundo sobre el régimen. Uno de los cuestionamientos de la CAC es que la iniciativa prevé que la base para el cálculo de las indemnizaciones sea el ingreso total que percibe el trabajador, incluyendo conceptos no remunerativos, sobre los que no se calcula el costo del seguro.

Quienes también le expresaron su disconformidad a Recalde fueron los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción. El presidente de la entidad, Carlos Wagner, dijo que hace tiempo que se está pidiendo que la ley sea modificada para dar certidumbre. "Hoy no se conoce el riesgo asumido, y esto afecta principalmente a las pymes", consideró el directivo.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Jueves 27 de Septiembre de 2007

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