La situación no es nueva y ya había sido anunciada por el ministro Julio De Vido: el Gobierno nacional tiene la intención de impulsar la reapertura de las minas de uranio actualmente paralizadas. El objetivo apunta a generar las condiciones para que la explotación de este elemento vuelva a ser negocio para las empresas mineras, y para ello declara de “interés público” la prospección, explotación, transporte y comercialización de uranio, haciendo la salvedad de que deberán “respetarse las normas de protección del medio ambiente”.

Destaca la iniciativa que será el Estado el que compre todo lo que se produzca y exportará sólo lo que le sobre, después de abastecer al país, y crea un fondo especial y un banco de transacciones y almacenamiento de minerales nucleares, que se encargará de la comercialización.

Las estimaciones indican que en el mundo funcionan aproximadamente 400 centrales nucleoeléctricas, que producen el 20 por ciento de la electricidad que se consume, mientras en nuestro país hay dos centrales en funcionamiento (Atucha I y Embalse), está en construcción Atucha II y existen otras en proyección.

La Argentina actualmente importa todo el uranio que necesita para la generación nuclear -unas 1.200 toneladas entre 1996 y 2005- y la libra de uranio, que en la década del ’90 costaba 7 dólares, actualmente se cotiza a 135 dólares. Paralelamente, las proyecciones a futuro respecto del valor son más que interesantes, porque China, en su plan de expansión, tiene prevista la construcción de un centenar de centrales nucleares hasta 2020, lo que ubicará a ese país en un fuerte comprador de uranio y redundará en el aumento de los precios del mineral.

En el país hay dos yacimientos de uranio que están inactivos. Uno es Don Otto, en Salta, cuya reapertura ya ha sido avalada por el presidente Kirchner y la restante es la de Sierra Pintada, en el sur de la Provincia, que dejó de explotarse porque en aquel momento no era rentable por el bajo precio internacional.

En el caso de Sierra Pintada, la discusión actual se centra en el tratamiento de los “pasivos” (o colas de uranio), porque la Comisión Nacional de Energía Atómica nunca solucionó el problema y es lo que ha generado críticas por supuesta contaminación. A raíz de ello, el Gobierno provincial, por presión de la multisectorial de San Rafael, firmó un acuerdo que estableció que no podría hablarse de la reapertura de la planta si previamente no se producía la “remediación” de los “pasivos”.

Pero los tiempos comienzan a acelerarse y a corto plazo la Provincia puede llegar a quedar en medio de una discusión entre la presión del Gobierno nacional por reanudar la explotación y la preocupación de la gente del Sur por la posible contaminación. Aunque, es dable aclarar, se está hablando de la contaminación que generan las colas de uranio y no de la explotación en sí, más aún cuando un estudio señala que los niveles contaminantes en la explotación están encuadrados entre “tolerables” y “normales”.

Pero para que el problema no vuelva a presentarse, la Provincia deberá dejar de lado cualquier tipo de actitud ambivalente. Porque si bien es cierto que la CNEA actuó irresponsablemente en el tratamiento de las colas de uranio, ello surgió por la carencia de un efectivo control por parte del Gobierno provincial.

Hoy el uranio ha pasado a ser una cuestión estratégica para el país y el Gobierno nacional ha anticipado que no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de explotar su potencial.

Será necesario entonces que la dirigencia política local tome el tema con la suficiente madurez, deje de lado algunas mezquinas actitudes políticas y establezca los lineamientos para un estricto control, a los efectos de que la explotación no genere inconvenientes de contaminación. Paralelamente se deberá realizar una eficiente tarea de información, llevando tranquilidad a la gente y aliviando así la preocupación en su lógica y comprensible defensa del medio ambiente.

Los Andes
Jueves 4 de Octubre de 2007

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