Encrucijada en la tercera edad Guillermo Allerand Es un tema espinoso. El Gobierno porteño quiere hacer efectivas las clausuras administrativas que pesan sobre los geriátricos porque, dicen, son un Cromañón en potencia. La cámara que agrupa al sector entiende que los viejitos no pueden quedar en la calle y que muchas familias no tienen recursos para pagar un establecimiento en regla. Piden subsidios: la misma solución que hoy sustenta, por ejemplo, un transporte público deficiente y peligroso en la Ciudad. Casos emblemáticos de establecimientos muy cuestionados De la lista oficial del área de Control Comunal del Gobierno porteño, con 63 geriátricos en falta, hay dos que tienen antecedentes muy conocidos, según los funcionarios. Estos son los de la calle Guardia Vieja 4563/65 (foto) y Beláustegui 1223. Ambos empezaron sin habilitación, nunca respetaron las intimaciones y violaron "sistemáticamente" las clausuras impuestas por la Comuna. Inspectores médicos dicen que hay mala atención. Algunas cosas para chequear al contratar un servicio Debe tener libro de registro de inspección. Poseer plano aprobado de habilitación (para superficie mayor a 500 m2). Si hay ascensores, escaleras mecánicas, rampas mecanizadas o móviles, debe haber un libro de registro de inspección y seguro de responsabilidad civil. Debe contar con matafuegos (1 cada 200 m2) en condiciones y con sus tarjetas correspondientes en regla. El local debe tener un plan y plano de evacuación. Los cables de 220 V deben estar canalizados. Los medios de salida, como puertas, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera, no deben estar obstruidos o reducidos en su ancho y deben estar señalizadas. Se prohíbe el uso de otro combustible que no sea gas natural. Cifras 800 pesos por mes es la tarifa en un geriátrico en condiciones precarias, que no cumple con todos los requisitos legales. 2.000 pesos es la tarifa mínima de un establecimiento que cumple con todas las medidas, según la cámara que agrupa al sector.

El Gobierno porteño le pidió a la Justicia el desalojo de 63 geriátricos privados, porque no cumplen con medidas mínimas de seguridad, salubridad o higiene o por falta de habilitación. Según se estima, estos establecimientos albergan a unos 1.800 abuelos. Sobre todos ya pesa una clausura administrativa, lo que significa que tienen prohibido recibir pacientes nuevos, pero sí pueden funcionar con los que ya están alojados.

En la ciudad hay habilitados 599 geriátricos, que figuran en una lista oficial que puede consultarse por Internet en el sitio del Ejecutivo (www.buenosaires.gov.ar). Aunque también hay una lista paralela que incluye 137 establecimientos que recibieron clausuras administrativas por irregularidades en materia de seguridad o higiene. De ese total, 27 fueron clausurados parcialmente. Entre los que recibieron clausuras totales, hubo 20 que cerraron: ya el año pasado el Gobierno venía reclamando a la Justicia el desalojo de 83 geriátricos. Ahora se cursaron 80 notas pidiendo el desalojo de los 63 restantes.

"Se procede a la clausura de los geriátricos cuando no están habilitados o no cumplen con la condiciones mínimas que exige la ley para la seguridad, higiene y salubridad -explica el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña-. O porque se les pidió en una primera inspección que hicieran mejoras y no las realizaron. En algunos casos, ni siquiera podrían regularizar su situación, por ejemplo, porque están enclavados en zonas donde la actividad no se permite. Entonces, así como cuando no cumplen con los requisitos mínimos, llegamos al pedido de desalojo".

De acuerdo al funcionario, entre los 63 geriátricos cuestionados hay casos extremos, donde los abuelos viven hacinados en lugares donde no se respeta la capacidad que permite la habilitación. Además, no cuentan con la cantidad de personal adecuada para atender a tanta gente. "Los casos más comunes -dice Peña- son el incumplimiento de condiciones de seguridad, como tener cables expuestos o no contar con instalaciones contra incendio".

"Hay geriátricos que no están en condiciones -afirma Alejandro Barros, titular de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos-. La prestación debe ser digna y si no, el geriátrico debe ser clausurado. Pero al mismo tiempo, hay que ayudar a los que funcionan dentro de parámetros normales, el 90% de los cuales hoy recibe multas siderales por problemas mínimos. Y los dueños de los geriátricos, en vez de usar la plata para solucionar los problemas la necesitan para pagar las multas. Hoy los inspectores piden los planos de la instalación eléctrica, en vez de verificar si el paciente come bien".

En la entidad calculan que los desalojos podrían afectar a alrededor de 1.800 adultos mayores, estimando una población mínima de 30 por establecimiento. "Antes de desalojarlos debieran buscar una solución, porque me pregunto a dónde los van a llevar -dice Barros-. Hace tres años había 1.050 geriátricos habilitados en la Ciudad y hoy la cantidad bajó a la mitad. Además, la mayor parte de los que podrían ser desalojados albergan pacientes de pocos recursos, porque cobran unos $ 800 o $ 900 por mes. Y hoy un geriátrico no puede ofrecer una prestación razonable cobrando menos de $ 2.000. El Gobierno debiera otorgar un subsidio y buscar geriátricos que acepten que la familia pague la diferencia".

Desde el Ministerio de Gobierno porteño explicaron que ya se les comunicó a los 63 geriátricos que deben pedirle a los familiares de los pacientes que les busquen otro lugar. "En los casos en que no tengan familiares o que haga falta, la Justicia determinará las condiciones del desalojo y cómo se hará la reubicación de los pacientes. Cuando haga falta, el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales intervendrá para conseguir plazas en otros lugares".

Por: Nora Sánchez

Clarín
Viernes 5 de Octubre de 2007

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