Es mucho más probable que una empresa radicada en las provincias de Córdoba, San Luis o Mendoza enfrente un juicio por accidente laboral, que ello le ocurra a un empleador en La Rioja o en Santiago del Estero. Aunque la situación no parece encontrar explicación en el tipo de actividad que se desarrolla en cada zona, lo cierto es que la incidencia de la judicialidad del sistema de riesgos del trabajo es muy dispar según la jurisdicción.

En Córdoba, por cada 10.000 trabajadores asegurados se estima que este año habrá 73 juicios, mientras que en San Luis la cifra llegaría a 46 y en Mendoza, a 41 litigios. La diferencia es muy significativa con las provincias ubicadas al final del ranking: en La Rioja se proyectan 1,3 juicios cada 10.000 asegurados; en Santiago del Estero, 1,5 y en Salta, 1,8.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que estima que este año se iniciarán 16.090 causas en todo el país, un 37,5% más que en 2006. La cifra, además, sería superior en un 315% a la de 2004. En septiembre de ese año, tres fallos de la Corte Suprema pusieron en jaque al sistema creado por la ley 24.557, y desde entonces está demorada una reforma legislativa para adecuar la normativa a la palabra de los jueces.

Uno de los principales puntos cuestionados es la pretensión que tuvo la ley de anular la posibilidad de que los trabajadores asegurados en una ART hicieran un juicio contra su empleador por un accidente de origen laboral. Por eso, ahora la judicialidad afecta tanto a las aseguradoras como a sus empresas clientes.

Según las ART, en los primeros ocho meses de este año se notificaron 9512 demandas judiciales, de las cuales 1722 se iniciaron en agosto. La ciudad de Buenos Aires ocupa en ese ranking un lugar intermedio, con 15 juicios cada 10.000 empleados, mientras que en territorio bonaerense hay 21 litigios por igual cantidad de trabajadores.

Según dijo a LA NACION el presidente de la UART, Jorge Aimareti, la mayor incidencia que tiene la litigiosidad en algunas provincias no significa necesariamente que en esos lugares los jueces dictaminen con mayor fuerza contra las compañías. Según dijo, hubo un comportamiento desigual en las diferentes jurisdicciones en cuanto al alineamiento con la Corte.

En cuanto a la actividad económica, los datos del mercado muestran que es la industria la que tiene mayor índice de litigiosidad, aun cuando hay más accidentes en la construcción.

El sistema tiene más de 7,1 millones de trabajadores cubiertos, y ese número creció en los últimos años, al ritmo del alza del nivel de empleo formal.

Tras insistir en la necesidad de una reforma legal consensuada entre empresarios y sindicatos, Aimareti afirmó que mientras dura la actual situación suben las alícuotas a cargo de las empresas, y hay un incipiente deterioro de los niveles de solvencia en el sector, dado el alza de las reservas técnicas que deben integrarse para garantizar el pago de los juicios.

Desde el Poder Ejecutivo no hubo este año señales de que habría un rápido tratamiento de un proyecto de ley que plantee correcciones al régimen.

Silvia Stang

La Nación
Miércoles 10 de Octubre de 2007

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SEGURIDAD EN EL TRABAJO