Cuando todavía no tiene fecha el juicio oral contra 19 imputados por su presunta responsabilidad en el incendio del local bailable República Cromagnon, comenzó ayer el debate por una causa que se desprendió de la investigación de la tragedia ocurrida en el boliche de la zona de Once.

El debate en el que aparecen imputados tres bomberos de la Policía Federal y dos empresarios está a cargo de los jueces que integran el Tribunal Oral N° 24, los mismos magistrados que deberán juzgar a los acusados por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004, en el que murieron 194 personas.

Según consta en el pedido de elevación a juicio que se leyó en la primera audiencia, la investigación contra los bomberos por el supuesto pago de coimas comenzó luego de un careo que tuvieron el defensor del pueblo de la ciudad, Atilio Alimena, y la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin.

Durante dicho careo, Fiszbin denunció que había bomberos que supuestamente cobraban coimas para habilitar algunos locales bailables. Así comenzó una investigación que derivó en el allanamiento de una empresa de asesoramiento de seguridad contra incendios.

Allí, los funcionarios judiciales encontraron documentación en la que aparecían, con letra manuscrita, los nombres de los bomberos de la Policía Federal acusados y los montos de dinero que supuestamente les correspondían luego de prestar el servicio de asesoramiento a los locales habilitados.

Por tal motivo, la investigación encarada por la jueza María Angélica Crotto terminó con la acusación de cohecho pasivo contra los tres bomberos que habrían recibido la coima y por cohecho activo contra los dos empresarios que pudieron haberlas pagado.

La investigación judicial habría determinado que los empresarios Rubén Fuertes y Luis Perucca eran los propietarios de las dos firmas que realizaban trabajos de asesoramiento e infraestructura para habilitar locales nocturnos, y aparentemente pagaban coimas para acelerar los trámites.

Los investigadores creen que cuando el dueño de un boliche se comunicaba con los bomberos para obtener una habilitación, éstos terminaban derivándolo a alguna de las empresas que pertenecían a Fuertes y Perucca.

La sospecha apuntaba a que, al contratar a estas firmas, los dueños de los boliches tendrían prácticamente garantizada la aprobación para poder funcionar.

Ayer, durante tres horas, uno de los acusados, el comisario Alberto Conrado Corbellini, ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, negó haber recibido coimas, afirmó que sólo el gobierno porteño tenía autoridad para habilitar un local bailable y explicó todos los pasos que debían seguirse para conseguir los certificados para que pudieran funcionar.

Mientras, el abogado José Iglesias, padre de Pedro, uno de los 194 muertos por la tragedia de Cromagnon, sostuvo que la declaración de Corbellini "no fue sólida y habría incurrido en algunas contradicciones cuando el fiscal Jorge López Lecube lo interrogó sobre el significado de algunas anotaciones en tres de los expedientes de los 16 locales que se habrían habilitado irregularmente".

Por Gustavo Carabajal
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Jueves 8 de Noviembre de 2007

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