La historia del petróleo argentino tiene más de cien años, pero el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1907, fija el hito demarcatorio de la cronología oficial. A partir de allí se enciende el debate, no agotado, entre estatistas y privatistas. El eje de la discusión es la propiedad del recurso y no la renta económica que genera su explotación, como debería haber sido.

Cuando se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, por el Código de Minería vigente (1886), las concesiones mineras se otorgaban a perpetuidad (art. 17) y sólo las podían explotar los particulares y las empresas privadas (art. 9). Las minas eran bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio donde se encontrasen, y la explotación comercial no estaba sujeta a ningún régimen de pago de regalías. Como el descubrimiento se había hecho en tierras fiscales, que en aquel entonces pertenecían al dominio nacional, el Poder Ejecutivo fijó por decreto una zona de reserva en torno al descubrimiento, para evitar que los privados se quedaran con la explotación de lo que no habían descubierto.

Después hubo que rechazar las solicitudes de cateo sobre las áreas aledañas a la zona de reserva. Muchos especuladores, sin costo alguno, buscaban obtener un derecho en una zona ya productiva, que después venderían a verdaderos emprendedores o a compañías extranjeras (el clásico de la intermediación en sociedades orientadas al enriquecimiento rentístico).

La zona de reserva fue ampliada, entonces, para asegurar la exploración y explotación al Estado nacional. Había que poner plazo a las concesiones petroleras, viabilizar la posibilidad de la explotación pública y establecer un régimen de regalías centrado en la apropiación y el reparto de la renta del recurso natural (diferencia entre precios de referencia internacional y costos locales). Era necesario reformar la ley que regía la materia, pero los atajos terminaron avasallando la institucionalidad del Código Minero.

A partir de entonces, el dogma sobre la propiedad de los recursos enmascaró el análisis y la discusión sobre el negocio petrolero (apropiación de la renta de su explotación). Unos defendían la propiedad nacional del recurso y la explotación por la empresa estatal creada: Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Otros se inclinaban por el dominio federal de los yacimientos (Nación y provincias) y argumentaban en favor de las concesiones privadas. Los epítetos descalificativos y la visión maniquea de la realidad privaron a la política petrolera argentina de horizontes de largo plazo y la sometieron a los vaivenes pendulares de los intereses de turno.

Así nos fue. YPF daba pérdidas porque la renta se perdía en el camino (sobrecostos, subsidios, precios políticos) y no tenía presupuesto para reponer reservas. A falta de certidumbre sobre el largo plazo, los concesionarios privados maximizan la renta presente y evitan asumir mayores riesgos exploratorios. Cuando la ideología empaña el debate de la renta, con los estatistas, el petróleo queda bajo la tierra, y con los privatistas, se sobreexplota.

La característica económica básica del negocio petrolero es calcular el valor de reservas que razonablemente se espera encontrar, contra el riesgo y costo de explorarlas, desarrollarlas, producirlas y comercializarlas. La existencia de reservas de petróleo o gas en un determinado territorio es un legado de la naturaleza. Esas reservas están distribuidas en yacimientos de distinta dimensión, productividad y costos. Este legado, como las tierras fértiles en la agricultura, genera rentas.

David Ricardo fue el economista inglés que desarrolló el concepto de renta económica. Lo hizo argumentando en contra de una ley de granos que protegía la producción agrícola inglesa, restringiendo la importación y elevando los precios del mercado interno. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario, por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas -sostenía Ricardo-, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio (el proteccionismo elevaba más el precio del mercado interno). Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles. Este último tal vez tenga un beneficio de la explotación, pero el otro obtiene algo mucho mayor: he aquí la renta agrícola.

El concepto de renta, asociado originalmente a la tierra como factor productivo, se hizo extensivo a los recursos humanos y a otros recursos naturales no renovables, como los mineros.

Para explotar el petróleo y generar renta se puede tener una empresa estatal que monopolice toda la actividad (Arabia, Kuwait, Irak, México) o una empresa pública que coexista con un régimen de concesiones privadas (Brasil, Canadá, Noruega) o de producción compartida con empresas privadas (Colombia, Venezuela, Ecuador, Rusia). Si no existe la empresa estatal (Estados Unidos) o la empresa estatal se privatizó (la Argentina, Perú, Inglaterra), la propiedad estatal de los yacimientos tiene que convivir con un régimen de concesiones privadas para el desarrollo de la actividad. Cualquiera que sea el régimen de explotación, los resultados dependen de cómo se reparte la renta teniendo en cuenta que ésta varía según los precios y las condiciones geológicas del yacimiento.

Con políticas de largo plazo y reglas e incentivos que tengan en cuenta la centralidad de la renta en el negocio petrolero cualquiera de las variantes de explotación puede producir resultados exitosos.

Muchos estatistas que plantean la nacionalización de los recursos y la explotación estatal parten de la quimera de que el Estado puede apropiarse del 100% de la renta. Se olvidan de que la empresa estatal debe apropiarse de la renta para sostener la actividad y reponer reservas (el 100% de cero es cero). Muchos privatistas que plantean la explotación excluyente de compañías privadas parten de la quimera de que la renta de la que se apropiaron las empresas será reinvertida en la geología local. Olvidan que la internacionalización del negocio permite reponer reservas en otras latitudes, aunque más no sea para diversificar riesgos.

En cualquiera de las variantes, el debate de la renta y la fijación de políticas de largo plazo sobre el tema requieren un Estado informado, con capacidad de gestión, que concilie los intereses en juego en beneficio de toda la sociedad. El Estado argentino ya no es dueño de los yacimientos, pero se ha apropiado de renta -mediante retenciones- que no coparticipa con las provincias y ha beneficiado el consumo interno con precios que no reflejan las referencias internacionales ni regionales. Las nuevas retenciones sobre el petróleo y los combustibles acentúan el divorcio con los precios internacionales, agravando el perjuicio sobre la actividad productiva en las provincias con hidrocarburos. Pan para hoy y hambre para mañana. La discreción y el corto plazo en las políticas de distribución de la renta son corresponsables de la sobreexplotación actual de los yacimientos en producción y de la magra inversión exploratoria que caracteriza esta etapa de altos precios del petróleo. Mientras tanto, caen la producción y las reservas y volvemos a importar. El petróleo y el gas importado generan renta en otros países y nos devuelven a la realidad de los precios internacionales que queremos ignorar.

Ningún inversor que deje el país se puede llevar un yacimiento. Lo puede explotar bien o mal y, con la renta argentina, puede reponer reservas en el país o en otras latitudes. Su decisión dependerá de reglas de largo plazo que transparenten la apropiación y distribución de la renta y alienten la inversión de riesgo. A cien años del descubrimiento oficial del petróleo, nos debemos una nueva política exploratoria y un régimen de prórroga y de nuevos contratos que explicite y dé previsibilidad a un negocio centrado en la renta.

El autor es doctor en Ciencias Económicas y en Derecho. Fue presidente de YPF y secretario de Energía.

Por Daniel Gustavo Montamat
Para LA NACION

La Nación
Lunes 3 de Diciembre de 2007

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