El problema de los accidentes de tránsito es de una gravedad tal que no se explica la falta de conciencia y de reacción de la comunidad. Frente a nuestra vista mueren miles de personas al año sin que ello sea suficiente como para originar una respuesta decisiva. Los accidentes viales, con sus muertos, sus inválidos y sus familias destruidas, configuran a esta altura una forma de lento suicidio de la población. Como si estuviéramos, día tras día, jugando a la ruleta rusa.

Son muchas las causas concurrentes para que exista un accidente de tránsito: se trata de una terminal en la que culminan numerosas formas de irresponsabilidad. Pero no podemos demorar más la reversión de dos factores esenciales que originan esta tragedia: la ausencia de una política de Estado y la desaprensión absoluta de la población. Esa inacción oficial y la inaudita falta de conciencia de los conductores conforman un cuadro de más de 8000 víctimas al año. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo concientizar a una sociedad que acepta en los hechos perder esta cantidad de vidas por año?

Una de las hipótesis posibles es que, si bien la sociedad argentina rechaza masivamente la muerte, no aprecia aún suficientemente la vida. La historia y el sufrimiento nos han enseñado a rechazar todas las formas de violencia y de agresión a la vida. Pero no hemos aprendido aún, en forma colectiva, a respetar aquellas cosas que, traducidas en actos concretos, significan respetar la vida propia y la ajena. En parte, porque cada accidente de tránsito queda privatizado como una fatalidad individual, en un sufrimiento para las familias de las víctimas, pero este dolor no ha sido elevado aún a la categoría de conciencia colectiva. Este umbral de conciencia es el que hay que trasponer si aspiramos a resolver el problema.

Quizá no haya desprecio por la vida. Pero lo que no existe aún es el concepto activo que priva en una sociedad civilizada: el cuidado de la vida ajena y de la propia.

Nadie tiene vocación de asesinar a otro ni de suicidarse, pero con ello claramente no basta. Hay que desarrollar una conciencia positiva del cuidado de sí y del cuidado de los demás. Nuestra comunidad aún no pone en práctica ese cuidado, lo cual lleva a pensar que, si bien no hay voluntad de muerte, no hemos logrado implantar a fondo todavía nuestra voluntad de vida.

Uno de los puntos más graves es que estos accidentes están incorporados en la conciencia colectiva como una forma de fatalidad. Y ésta es la principal enfermedad: considerar inevitable algo que nos estamos infligiendo a nosotros mismos, por elección o por inacción. Es una tasa de muertes que ya está aceptada en el imaginario colectivo. Estos accidentes ocurren con un alto grado de espectacularidad y están a la vista en noticieros y primeras planas. La ausencia de reacción de la comunidad, la permisividad ante este proceso, configura casi el retroceso de una sociedad a aquellas civilizaciones que ofrecían sacrificios humanos como una forma de tributo o expiación.

No estamos, entonces, ante una fatalidad, ante algo inevitable. Estamos frente a una verdadera patología social. ¿Cómo denominar si no aquello que conlleva una forma de autodestrucción?

En lo que va de 2008 ha habido en la Argentina una increíble cantidad de muertes por accidentes viales. Pero casi con la misma celeridad, en estos días, las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires han tomado una serie de decisiones que serán cruciales para que la seguridad vial se transforme, definitivamente, en una política de Estado. Nos referimos al Plan Nacional de Seguridad Vial, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; a la aprobación del registro por puntos en la Legislatura porteña; a la prórroga de la emergencia vial en la provincia de Buenos Aires, y al proyecto del defensor del Pueblo de la Nación para que se declare la emergencia vial en el país.

Esta confluencia de esfuerzos nos alienta, desde estas columnas, a iniciar con esta entrega una serie de editoriales referidos al tema, con el fin de contribuir a la solución de uno de los problemas que más vidas se cobran entre los argentinos: la inseguridad vial.

Como ya mencionamos, el jueves 8 del actual la Legislatura porteña aprobó, luego de varias pulseadas con camioneros y taxistas, por 51 votos contra uno, el registro de conductor por puntos o scoring , que comenzará a regir desde agosto próximo.

El día anterior, la primera mandataria había anunciado el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Vial de su gobierno, con la creación de una licencia única de conducir para todo el país y de una agencia nacional para controlar el tránsito con el fin de poder reducir el índice de accidentes y de muertes en las rutas. En realidad se trata de un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Senado de la Nación y que podría ser sancionado por la Cámara de Diputados en las próximas horas. De ser aprobada, la ley todavía necesita obtener la adhesión de cada una de las provincias para adquirir vigencia en cada distrito.

Es justo entonces valorar hasta aquí la oportunidad de todas las medidas tomadas. Aunque, claro está, serían incompletas si no van acompañadas de una mejora y una ampliación de la infraestructura vial.

Nos encontramos ante una responsabilidad prioritaria del Estado. Nunca ha existido una política de seguridad vial integrada. Esta debe formar parte de la política social. Debe educar a la población en la prevención e inculcar el respeto de las normas. Pero el problema no es sólo la existencia de una ley. Además de contar con una política de Estado, lo más importante es contar con una ciudadanía que comprenda el sentido de la ley y que esté dispuesta a acatarla. Porque cuidar la vida propia y la ajena, en última instancia, no debería ser nunca el fruto de una imposición externa, sino de la madurez de nuestra conciencia.

La Nación
Martes 26 de Febrero de 2008

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