El Gobierno pidió ayer a la Justicia que sean embargados los bienes de los dueños de los campos donde se iniciaron los incendios en el delta del Paraná hasta cubrir 201 millones de pesos, en concepto de resarcimiento por el daño provocado por el fuego. Además, pidió que se los indague por los delitos de daños y estrago.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, presentó ayer un escrito ante el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, que investiga el origen de las llamas. En ese escrito pidió, además, que la secretaría a su cargo sea considerada querellante en la causa.

La funcionaria también solicitó al juez la inhibición de los bienes de los propietarios o arrendatarios de los campos donde se iniciaron las quemas o de los responsables de las sociedades que figuran como sus titulares.

Para ello pidió que el juez les requiera a los registros de la propiedad inmueble de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe información sobre la titularidad de las propiedades afectadas por las llamas.

En el escrito, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, Picolotti señala que se estableció que las quemas fueron "deliberadamente provocadas" y que tienen por fin renovar pasturas "reduciendo los costos y aumentando la rentabilidad" de las tierras. La idea de los embargos y la inhibición de bienes es utilizar ese dinero para que quienes finalmente sean encontrados responsables afronten los daños ambientales y los daños y perjuicios que sufrió el Estado por tener que desplegar sus recursos para extinguir los fuegos.


Sin dudas

La funcionaria entendió que no quedan dudas de que los responsables del incendio son los titulares de los campos donde se iniciaron las quemas y que urge embargarlos porque "pueden llevar a cabo actos jurídicos a fin de lograr su insolvencia y, de esta manera, eludir sus responsabilidades patrimoniales".

"Si los daños que motivan la presente fueron provocados por personas que actúan con un afán desmedido de lucro, a través de la reducción de costos implementada por medio de prácticas consideradas ambientalmente negativas y vitalmente peligrosas, sin ningún tipo de miramientos ni previsión en relación con los daños que eventualmente podrían provocar y habida cuenta de la magnitud dineraria que implicará para los responsables de los mismos la condena, la presunción supra mencionada adquiere matices de certeza", explicó la funcionaria. En otras palabras: si son tan ambiciosos como para destruir la naturaleza en su afán de lucro desmedido, cómo no van a hacer lo posible para ocultar sus bienes y evitar un embargo.

El juez Faggionatto Márquez mantiene detenido a Sergio Vera, un uruguayo de 62 años procesado con prisión preventiva por el inicio del fuego, y busca a otras tres personas, entre ellas el empresario Antonio José Pazzaglia, de San Antonio de Areco, que ya presentó un pedido de eximición de prisión para evitar su aprehensión.

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Miércoles 23 de Abril de 2008

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