En 1994, una ordenanza estableció que los tendidos para la provisión del servicio de videocable debían ser soterrados en toda la Capital, progresivamente, con fecha límite en octubre de 2004. Sin embargo, las empresas incumplieron ese mandato, sin recibir castigo alguno.

Ya vencido el plazo, en diciembre de 2005 los diputados porteños hicieron borrón y cuenta nueva al convertir en ley un polémico proyecto remitido por el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, que sólo mantuvo el requerimiento de soterrar en el microcentro y el casco histórico; para ello, dio a los operadores existentes -Multicanal, Cablevisión y Telecentro- un plazo de 18 meses.

Además, les impuso un plazo de tres años para reemplazar los postes de madera por otros metálicos sobre las avenidas y les otorgó 15 años para adaptar el posteado en el resto de las arterias. Para esta adaptación, la norma previó que las empresas unificaran sus columnas en una sola con capacidad para tres conexiones.

Sucede que, curiosamente, un artículo de la nueva ley conservó la exigencia de soterrar el tendido para los competidores que quisieran ingresar en el mercado posteriormente.

La norma fue cuestionada ante la Justicia por una cuarta interesada en operar en la ciudad, Gigacable, y a fines del año pasado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño declaró inconstitucional el mencionado artículo, al considerar que lesiona el derecho a la igualdad ante la ley, altera la sana competencia y favorece el oligopolio. Según peritajes citados en el fallo, el costo de la instalación subterránea es siete veces superior al del tendido por aire: 323.272,16 contra 43.420,54 dólares.

Amenazadas con perder su monopolio (algunas versiones indican que el magnate mexicano Carlos Slim quiere comprar Gigacable y desembarcar como operador), las empresas afectadas comenzaron una serie de negociaciones con el macrismo para que el gobierno porteño apelara la sentencia. No lo hizo, por lo que el fallo está firme.

Las conversaciones continuaron y continuaban hasta el cierre de esta edición, con el objetivo de que la Legislatura insistiera -volviera a votar, un proceso habilitado para los casos de veto- en el contenido de la ley de fines de 2005. Para que la insistencia sea válida, debe obtener 40 votos positivos. Hoy, ninguna fuerza política está en condiciones de reunirlos.

En este tema, Mauricio Macri no controla a sus 27 legisladores; algunos ya se habían negado a respaldar la ley en su primer tratamiento. Aparentes desavenencias entre el gobierno nacional y algunos operadores de TV por cable también complican el apoyo del bloque kirchnerista. Y, hasta el momento, la Coalición Cívica y bloques minoritarios de centroizquierda tampoco quieren pagar el costo de un nuevo escándalo legislativo. Sólo el ibarrismo, impulsor de la norma, podría ser funcional a los intereses de los operadores.

El viernes último, fue cancelada una reunión que ayer debía mantener la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en una definición. Y se aguardan fuertes presiones en los próximos días. La Legislatura tiene plazo para insistir hasta el jueves de la semana próxima.

Si la Legislatura no actúa, comenzará una nueva etapa: la de resolver el vacío jurídico que queda planteado, porque podrán ingresar más prestadores, pero no podrán enganchar su red al posteado actual: por la misma ley cuestionada, las columnas sólo tienen capacidad técnica para tres conexiones, que ya están ocupadas.

La Nación
Martes 6 de Mayo de 2008

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