Mientras el campo refuerza sus reclamos, el oficialismo volvió a impulsar en el Congreso un proyecto de ley para intervenir los mercados agropecuarios hasta el borde de la estatización.

Hoy los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el cordobés Alberto Cantero, discutirán la creación del Ente Nacional de Promoción y Control Agropecuario y Agroalimenario (Enpycaa), un organismo descentralizado, con autarquía administrativa y financiera, que funcionaría en la órbita de la Secretaría de Agricultura.

La iniciativa propone que el Estado intervenga en la compraventa de alimentos, habilita a los funcionarios a fijar las ganancias de las empresas y obliga a éstas a satisfacer las necesidades de nutrición de los más pobres.

El Enpycaa sustituiría a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que encabeza el ex interventor en la Aduana Ricardo Echegaray. El artículo 2 del proyecto fija sus competencias. La más llamativa es la de "compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por sí o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población argentina".

También se prevén prestaciones de difícil definición, como la "aplicación de mecanismos antidumping para productos y/o subproductos alimenticios que pudieran dañar el aparato productivo nacional" (¿qué será "dañar"?). O mixturas como ésta: "Implementación de promociones, estímulos, apoyos económicos y beneficios fiscales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, transparencia y competitividad en la cadena agroalimentaria y equidad en la distribución de la renta de la misma". En ningún párrafo se asocia rentabilidad con eficiencia.

En cambio se le exige al sector privado "garantizar la accesibilidad al consumo [ ] a la población más vulnerable, cuidando de beneficiar preferentemente los hogares pobres e indigentes".

Así como esta cláusula arrebata funciones de acción social a Alicia Kirchner, hay otras superposiciones: evitar monopolios es una tarea de la Comisión de Defensa de la Competencia y controlar la sanidad alimentaria es materia del Senasa. En cuanto a controlar la calidad de las exportaciones, se suponía que era un interés de los compradores.

El artículo 5 es delicado: allí se le encarga al Enpycaa la confección de una "base de datos y un sistema de información" sobre posiciones fiscales. Se aclara que es para colaborar con la AFIP, pero nunca aparece la palabra "confidencialidad". Las sanciones que puede aplicar este organismo suponen otra expansión cesarista: podrá realizar careos y disponer de la fuerza pública en el caso de denuncias. También acceder a los libros de las compañías o controlar existencias.

Hasta ahora Guillermo Moreno era el encargado, de facto, de estas tareas. Ahora su rol será formalizado. Un salto en la calidad institucional, claro.

El proyecto del diputado Cantero hace pensar en una radicalización del intervencionismo oficial. Parece ser la única estrategia de la Casa Rosada para abordar el problema de una inflación cada vez más acelerada.

Por Carlos Pagni
Para LA NACION

La Nación
Martes 13 de Mayo de 2008

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