En la Argentina, la solución para un problema es crear otro problema más grave: en lugar de reducir las retenciones al campo, el Gobierno impulsa la creación del Ente Nacional de Promoción y Control Agropecuario y Agroalimentario (Enpycaa).

La iniciativa que la Cámara de Diputados comenzó a analizar ayer padece dos defectos graves:

• El proyecto propone la creación de un ente absolutamente intervencionista, con poderes casi ilimitados, que puede terminar asfixiando la poca libertad económica de la que goza el país. Buena parte de esas atribuciones aparecen en la cuestionada ley de abastecimiento. Ahora, se reforzará la tenaza.
• El segundo vicio es peor aún: el Enpycaa se parecería mucho a otros entes que engendró la historia argentina, como la antigua Junta Nacional de Granos, creada en 1933, o el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que se creó en 1946, durante la presidencia de Juan Domingo Perón y que monopolizó el comercio exterior hasta que, nueve años después, fue desmantelado en medio de denuncias de corrupción. "El IAPI era absolutamente dirigista", recuerda el constitucionalista Jorge Vanossi.

Tales organismos públicos sólo sirvieron para distorsionar el mercado y para dar trabajo a miles de empleados públicos, hasta que en los 90 comenzaron a ser desmantelados. Pero el campo sólo se modernizó y creció cuando cambiaron los términos de intercambio.

En forma paralela, no deja de ser curioso que la Justicia siga sin tener un protagonismo en el conflicto del campo con el Gobierno.

Sin perjuicio de la demanda que prepara el radicalismo, hasta ahora sólo unos pocos jueces estuvieron dispuestos a darles provisionalmente la razón a los productores que plantearon la ilegalidad de la suba de ese impuesto a las exportaciones. Y únicamente la provincia de San Luis, con el patrocinio de Rodolfo Barra, se animó a demandar al Estado nacional por las distorsiones de la coparticipación federal, un problema que afecta a todas. Pero en la Corte no hay ninguna demanda que plantee la confiscatoriedad de esos tributos.

* * *

La Argentina padece una crisis de instituciones y de seguridad jurídica. Otros dos ejemplos son útiles.

El primero: el Estado obligó a las AFJP a repatriar sus fondos y a invertirlos en bonos argentinos, que se derrumbaron. Por cumplir esa normativa, las AFJP tuvieron que retirarse de la Bolsa de San Pablo, que creció cuando Brasil adquirió el grado de inversión. Los futuros jubilados perdieron por partida doble. ¿Nadie demandará al Estado por el perjuicio que causa?

Otro ejemplo: en mayo de 2007, la Corte dio un año de plazo para que el Congreso modificara el régimen de los jueces subrogantes. El Congreso sólo encara ese tema, ahora, sobre el filo del plazo. Pero, aun así, adaptar el viejo sistema de designación de jueces al nuevo demandará todo el año legislativo, algo que en la Corte entienden que es razonable.

Hoy, el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Cilma) y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) difundirán el índice de calidad institucional (ICI), que conjuga los resultados que cada país obtuvo en ocho índices sobre transparencia, competitividad, negocios y libertades económicas y de prensa. La Argentina no alcanza, siquiera, la mitad de la tabla de 199 países.

La crisis institucional alcanza todos los rincones.

Por Adrián Ventura

La Nación
Miércoles 14 de Mayo de 2008

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