Después de setenta días de conflicto, el Gobierno y las cuatro entidades representativas de los productores agropecuarios se disponen a formalizar un encuentro con vistas a resolver sus diferencias por vía del diálogo. No es la primera vez que lo harán. Una de las características más llamativas a lo largo de este enfrentamiento ha sido la metodología gubernamental de haberse hecho representar por funcionarios dispuestos a sostener entre ellos puntos de vista contradictorios o por funcionarios que en última instancia no reflejaban la sensibilidad de los gobernantes que tenían la última palabra. Cabe esperar que las cosas se hagan ahora de otra manera.

A lo largo de este conflicto ocurrió lo que inevitablemente debía suceder. Si una de las partes no estaba animada de un espíritu único, ninguna reunión, por más que en apariencia hubiera concluido en algún tipo de acuerdo, podía dar lugar a una solución duradera. De ese modo, a los anuncios sobre avances en la sucesión de negociaciones que se habían entablado, siguió el desencanto de percibir que todo volvía a foja cero.

Sólo así se explica que el campo haya prolongado hasta esta última medianoche el paro de actividades luego de que la presidenta de la Nación hubiera manifestado, en el acto partidario efectuado en la cancha de Almagro, disposición al diálogo. Sus palabras se encuadraron en un contexto despojado de la crispación de otras intervenciones y, por lo tanto, la novedad realzaba el carácter de la invitación.

El comunicado de las entidades agropecuarias hizo saber que éstas mantienen el estado de alerta y movilización y la convocatoria para el acto por realizarse el domingo, en Rosario. Tal decisión debe entenderse a la luz del cuidado con el cual los principales dirigentes del campo han debido adoptar la resolución que ha abierto las puertas a nuevas negociaciones con el Gobierno. Debían reducir al mínimo la eventual rebeldía frente a sus decisiones de parte de organizaciones agropecuarias locales y provinciales. Y también debían tener en cuenta al número notable de productores que, sin estar adscriptos a ninguna institución en particular, habían salido con espontaneidad a las rutas para decir basta a la enormidad de las exacciones fiscales pretendidas por el poder central.

Se ha evidenciado la fragilidad de un modelo de gobierno ensimismado, para la toma de decisiones, en lo que puedan aportar tres o cuatro personas libradas a sus propios impulsos, sin debates abiertos siquiera a los legisladores del propio partido o del núcleo dominante dentro de éste.

Nadie ha ganado. Y ningún acuerdo deberá enrostrar la humillación de nadie. Pero ha llegado, al fin, la hora de un diálogo en serio y de la deposición de toda muestra "de violencia verbal o física" como ha dicho con elocuente ánimo conciliador el Episcopado.

Hay un párrafo del documento de la Iglesia que merece ser examinado en profundidad. Es el que señala que una sociedad no crece necesariamente cuando crece su economía, sino su capacidad para el diálogo y para crear consensos que se traduzcan en políticas del Estado.

Por eso la Iglesia instó no sólo a que las partes volvieran a discutir frente a frente sus puntos de vista. La Iglesia instó a un acuerdo urgente. Y es eso lo que necesita el país al cabo de un conflicto impensable en circunstancias internacionales en las que sobran las oportunidades para que el Estado y la sociedad argentina obtengan altísimo provecho del aporte del sector más dinámico de la economía nacional.

Una de las lecciones de estos últimos setenta días es que el conjunto ciudadano es más consciente de lo que se suponía de la extraordinaria contribución del campo a la riqueza general del país. De otra manera el campo se hubiera sentido aislado, sin el acompañamiento cívico que lo alentó y de la reacción que dividió aguas en el oficialismo. Cuando el Gobierno se libere del lastre de influencias inexplicables, que parecerían observar con mayor simpatía al juego o a la especulación financiera que a una actividad productiva realizada a cielo abierto y pendiente de los azares de la naturaleza, será de imposible repetición una experiencia nefasta como la que se ha vivido.

Más allá del gobierno en ejercicio, más allá de la presente generación de dirigentes agropecuarios, estos setenta días han sacudido al país hasta sugerir el amanecer de una nueva conciencia nacional. El interior del país ha comenzado a advertir, mientras cabalgaba junto al reclamo rural, que se han traspasado los límites tolerables en la captación que el poder central hace desde mucho tiempo atrás de recursos de origen provincial. A largo plazo, acaso ésta sea la derivación de mayor peso histórico: volver a políticas lógicas con los orígenes y pactos preexistentes al Estado argentino, y con la notable extensión territorial y diversidad regional de la Argentina.

No se puede pedir a las partes enfrentadas que logren en horas o días un acuerdo que resuelva todas las cuestiones pendientes. Lo importante es obtener de entrada coincidencias básicas en tres o cuatro puntos que han estado en el centro de las diferencias ventiladas.

Cuando se avance en esos puntos, entonces sí se estará algo más cerca de trabajar sobre una política agropecuaria global, que alcance a los granos, las carnes, la leche, la industria metalmecánica, la de maquinaria agrícola y la de aceites, que componen, todas ellas reunidas, un ejemplo de eficiencia y productividad en el mundo. Lo necesita el país por muchas razones. Entre ellas, la de recomponer la imagen de una Argentina que sabe cumplir sus compromisos y quiere dejar atrás la ligereza en la discontinuidad de políticas y la insistencia en imprevisiones que degradan energías y llevan a que se la juzgue con severidad en el escenario internacional.

La Nación
Miércoles 21 de Mayo de 2008

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