Sólo durante este año se iniciarían 26.675 juicios contra los empleadores y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), una cifra que representaría un crecimiento cercano al 55% del número de causas en relación con las 17.232 notificadas en 2007. La cifra es, además, un 805% superior a la de 2003, el año previo a que la Corte Suprema cuestionara la ley de riesgos del trabajo, al declarar la inconstitucionalidad de tres de sus artículos.

La vulnerabilidad en que quedó inmerso el sistema a partir de esas sentencias y la demora para aprobar una reforma que, entre otros puntos, mejore las indemnizaciones que cobra un trabajador accidentado explican la mayor litigiosidad.

Las estimaciones sobre la cantidad de juicios que habría este año fueron elaboradas por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y están basadas en el ritmo de ingresos de causas detectado hasta abril pasado, según dijo el presidente de esa entidad, Jorge Aimaretti, al disertar en una conferencia sobre la industria aseguradora, organizada por la revista especializada Estrategas .

La mayor cantidad de juicios impacta negativamente en los costos de las ART, algo que se termina trasladando al costo que pagan las empresas clientes, afirmó Aimaretti en diálogo con LA NACION. El directivo insistió en que era necesario y urgente que se aprobara una ley que subsanara los aspectos que fueron cuestionados por los jueces.

Pero la situación no sólo perjudica a las empresas y aseguradoras: en rigor, demora y complica el ejercicio del derecho de los trabajadores a una reparación por daños con un monto que se considere adecuado. Tanto los jueces como las autoridades políticas e incluso los aseguradores reconocen que debe mejorarse el nivel de las indemnizaciones, pero, a falta de una decisión política para legislar y modificar los montos vigentes, recibe cifras mayores quien recurre a la Justicia (aunque, en esos casos, la reparación pierde la inmediatez de la reparación por vía administrativa).

Según datos presentados por Aimaretti, hay 31,4 litigios por cada 10.000 trabajadores cubiertos por el sistema. Es un dato que demuestra un crecimiento de la litigiosidad muy por encima del incremento del número de empleados: en 2004 eran 7,2 las causas por cada 10.000 empleados, y en 2006, el índice se ubicó en 18,9.

El directivo puntualizó también que el cuadro actual estaba provocando efectos en las economías regionales. Las diferencias por zonas son notables: según mostró, en la provincia de Córdoba se estima que este año habría 108 causas cada 10.000 trabajadores; en Mendoza, 82,6, y en Santa Fe, 63,1. En la provincia de Buenos Aires el índice es significativamente menor: de 28,9. Y en la Capital Federal, de 18 por cada 10.000 asegurados.


Certidumbre perdida

En cuanto a las actividades, las que tuvieron mayor incidencia -al menos en 2006, según el último dato disponible- fueron la industria, seguida por la construcción y el agro.

"Hay que reinstalar la certidumbre de la empresa y del trabajador", insistió Aimaretti, que consideró que "la economía se resiente cuando se obliga a tener costos extras por accidentes laborales, pero también se resiente el entramado social" por la falta de inmediatez en el cobro de una indemnización que sufre un trabajador cuando recurre a un juicio.

El empresario agregó que, si bien había consenso entre los distintos actores del sistema respecto de la necesidad de un cambio, no se había encontrado aún consenso. Uno de los puntos más conflictivos, que divide sobre todo a entidades de empleadores como la Unión Industrial Argentina y la CGT, es la modificación del artículo 39 de la ley 24.557, declarado inconstitucional por pretender impedir a los trabajadores demandar al empleador por un accidente laboral.

En un proyecto elaborado por la UART, ese tema se resuelve dando al trabajador la opción entre cobrar lo previsto por la ley de riesgos -con indemnizaciones más altas que las actuales- o iniciar juicio al empleador que, a su vez, debería contratar un seguro de responsabilidad civil.

Desde la CGT se promueve que el empleado pueda cobrar de la ART y, a la vez, ir a la Justicia.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

la Nación
Miércoles 4 de Junio de 2008

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