Cristina Kirchner anunció que los ingresos adicionales que obtenga el Estado gracias al incremento de las retenciones móviles a los granos serán compartidos con las provincias y los municipios mediante un plan social y sanitario que se financiará con esos fondos.

El objetivo al que apunta la medida es claro: desacoplar la crisis agropecuaria de la crisis política derivada de ella. A partir de ahora los Kirchner buscarán asociar a la corporación política con la “renta extraordinaria” que se le seguirá extrayendo al campo. Para decirlo en términos más prosaicos: se tratará de comprar la adhesión de los mandatarios de provincias y ciudades al sistema de retenciones, que fue ideado, sobre todo, para someterlos al poder central.

La resolución profundizará ese régimen. Tal vez lo fosilice: apuesta a que gobernadores e intendentes dejen de ser los lobbistas del sector agropecuario ante la Casa Rosada. La jugada abre un haz de incógnitas. La más inocente: ¿qué pasará con los hospitales que se prometen si baja el precio de la soja?

Otra, más delicada: ¿de dónde sacará el Tesoro los recursos para atender la brecha fiscal que pretendía cerrar con los ingresos que ahora se propone transformar en obra pública compartida?

La ecuación energética seguirá demandando, para despejarse, alrededor de US$ 4000 millones en el próximo cuatrimestre. La provincia de Buenos Aires, por citar el caso más ostensible, seguirá buscando $ 5500 millones para enjugar su déficit. Y los intendentes de ese distrito le seguirán pidiendo a Daniel Scioli que les gire $ 1200 millones para poder pagar el servicio de recolección de residuos, cuyo precio se fue a las nubes por la presión salarial de los camioneros de Hugo Moyano.

En definitiva, alguien deberá aclarar que no se desvestirá a un santo para vestir a otro. Y, sobre todo, que no se apelará a otros recursos extraordinarios para las obras que ahora se prometen. Todavía late en la administración aquel proyecto por el cual se usarían US$ 14.000 millones de las reservas del Banco Central para un programa de obras como el anunciado ayer.

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El trasfondo del problema anterior es otro prejuicio oficial: que los Kirchner saben gastar mejor el dinero que el resto de los gobernantes. De lo contrario, en vez de aplicar retenciones sobre la "renta extraordinaria" del campo permitirían que se aplique el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias. De ese modo, los gobernadores decidirían a qué prefieren destinar los recursos que les pertenecen. A hacer obras públicas o a saldar sus deudas financieras, por ejemplo. Después de todo, el matrimonio presidencial no ha sido tan sensato a la hora de mejorar la distribución del ingreso: por ejemplo, antes de imaginar un programa como el propuesto anoche prefirió avanzar con el faraónico "tren bala".

La misma señora de Kirchner admitió ayer que el Gobierno debió corregir las resoluciones destinadas a la exportación de vaca conserva, un conjunto de medidas que beneficiaron, como muchas otras de Guillermo Moreno, a los sectores más concentrados de la cadena agroalimentaria.

Otra suposición que el oficialismo tampoco piensa poner en duda es que los políticos que manifiestan su incomodidad por el conflicto con el campo lo hacen porque se sienten excluidos del reparto de la caja y no porque la crisis agropecuaria comenzó a erosionar la base electoral de las administraciones rurales, en especial de las del PJ.

Para simplificar: ¿alcanzará con las obras que ahora se anuncian para que la señora de Kirchner y sus principales aliados reviertan el derrumbe de imagen que vienen soportando desde hace 60 días? Tal vez para doblegar ese fenómeno haga falta una operación más inteligente que abrir la mano con dinero.

Otra creencia curiosa en la que se basaron los conceptos de ayer es que, al parecer, la única actividad que produce una "renta extraordinaria" en la Argentina es la exportación de oleaginosas. ¿Por qué ésa y no otra? El juego, por ejemplo. ¿No merecería, con el mismo espíritu altruista, un impuesto adicional dadas las siderales ganancias que produce?

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Hubo un pedido impersonal de disculpas por parte de Cristina Kirchner. Pero en el resto del discurso aparecieron algunos ataques sutiles. Se quejó de ciertas liturgias, en obvia alusión a los obispos, y comparó al campo con los carapintadas de 1987, con lo cual cualquier rectificación del Gobierno respecto de las retenciones equivaldría a una defección de la democracia.

También hubo empeño en algunas desmentidas. La más importante, convencer a la audiencia de que el país no está en crisis. La explicación de la Presidenta es que los números no indican la existencia de enfermedad alguna.

Como sí la señalaban, con dramatismo, en 2001 y 2002. Claro, no siempre los enfermos mueren por la gravedad de sus males. A veces quien los mata es el médico, con una interpretación inadecuada de los síntomas o con una mala praxis en el desarrollo de la terapia.

La Nación
Martes 10 de Junio de 2008

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