En el transcurso de estos más de tres meses de conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario, la política argentina ha mostrado lo peor de sí misma. Es no sólo incapaz de resolver cuestiones elementales, sino que inventa problemas absurdos y con costos descomunales de forma unilateral e imprevista.

Lo que para cualquier país sensato representa una oportunidad histórica, la política argentina lo convierte en un motivo de disputa y frustración colectiva. Y cuando la política fracasa, las sociedades se repliegan, predomina la desconfianza y las estrategias de supervivencia individual o, a lo sumo, sectorial.

Sería un error metodológico gravísimo adjudicar la responsabilidad de estos acontecimientos a las características individuales de algunos de sus principales protagonistas: se trata de una cuestión sistémica, que remite a nuestras reglas del juego fundamentales, tanto las formales como las informales.

Las personas pueden naturalmente influir en la historia, y es evidente que en este caso en particular la psicología debe darnos argumentos complementarios para comprender mejor la lógica del proceso de toma de decisiones en el pináculo del poder.

¿Acaso no ocurría lo mismo cuando la Argentina se encaminaba al precipicio en diciembre de 2001? ¿Cómo podía ser que las máximas autoridades no advirtieran lo que estaba por pasar?

Lo que en aquella época faltaba ahora parece sobrar: o se diluye la autoridad presidencial y se fragmenta en pedazos el sistema político, o hay demasiada concentración de poder y el resto de los actores deben optar entre la obediencia debida, ejercida con un manejo discrecional de los recursos públicos, y la oposición, con el riesgo de ser injustamente vilipendiado o incluso perseguido judicialmente.

Nuestro sistema político tiene serios problemas estructurales: el hiperpresidencialismo (personificado en un líder o, como ahora, en un matrimonio) está atrofiando el desarrollo de nuestra sociedad. Como sugirió Guillermo O Donnell, pasamos de presidentes prepotentes a presidentes impotentes: acumulan demasiado poder, sobre todo en contextos de crecimiento económico, impidiendo el normal funcionamiento de los mecanismos de frenos y contrapesos, o se desmoronan con un saldo demasiado alto en términos de destrucción de riqueza y, sobre todo, de confianza entre los ciudadanos y en sus instituciones.

Carlos Nino desarrolló esta tesis en los albores de la transición a la democracia, mucho antes de que la Argentina entrara en esta nueva encerrona con crecientes chances de convertirse en trágica. La publicó luego en un libro que, no casualmente, tituló Un país al margen de la ley (Emecé, 1992).

La reforma constitucional de 1994 fracasó en acotar el hiperpresidencialismo. Se trata de un debate vital que el país no puede seguir postergando, a menos que queramos seguir desaprovechando las oportunidades que el mundo nos regala.

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Hay otras enseñanzas que no deben soslayarse: seguimos presos de un pasado traumático, lleno de violencia, irracionalidad y repetidos episodios de inestabilidad institucional. ¿Más que el de Sudáfrica o el de la Alemania nazi? Es obvio que no, pero el clima de ensimismamiento y aislacionismo que vive hace tiempo la Argentina torna esas comparaciones abstractas y hasta irrelevantes.

Ese pasado tiñe y distorsiona la visión del presente, al menos para actores políticos y sociales que han adquirido un protagonismo a veces legítimo, aunque a menudo se ancle en la artificialidad que brinda la cercanía y complicidad con el poder presidencial. A veces, se trata del resultado lógico de tanto dolor y frustración. Otras, un mero justificativo para tácticas pletóricas de cinismo, meras maniobras para esconder decisiones sumamente controversiales.

En cualquier caso, es impostergable que la comunidad intelectual y los medios de comunicación promuevan una discusión amplia, valiente y plural sobre esta cuestión.

La distribución del ingreso es otra cuestión central que merece ser sometida a la deliberación pública. ¿Cómo puede comprenderse que un Estado que ya recauda más de 33% del PBI requiera ingresos extraordinarios y variables (como son las retenciones móviles) para construir hospitales? ¿Cómo se financiarán los gastos ordinarios de esos nosocomios? ¿Qué nivel de remuneraciones tendrán los futuros médicos y enfermeras? ¿Qué impide que la Argentina debata civilizadamente en el Congreso un plan integral de provisión de bienes públicos que fortalezca la ciudadanía, asegure la igualdad de oportunidades y restablezca los mecanismos de movilidad social ascendente?

Por último, todos los llamados al diálogo y a la paz social son siempre bienvenidos, fundamentalmente en una sociedad tan desacostumbrada a escuchar y comprender al otro. Aunque cuando la política fracasa, la sociedad civil carece de los recursos y la capacidad de coordinación para evitar que las crisis se profundicen.

Es preciso que toda esa energía que suele canalizarse en esfuerzos individuales o sectoriales sea canalizada de forma tal de construir un sistema democrático previsible, transparente y diseñado específicamente para promover el desarrollo sustentable, la participación ciudadana y la justicia social. Es la gran asignatura pendiente que tenemos como sociedad.

El autor es director de Poliarquía Consultores.

Por Sergio Berensztein
Para LA NACION

La Nación
Jueves 12 de Junio de 2008

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