Los fabricantes e importadores de papel, de cartón o de envases plásticos deberán pagar una tasa en la Capital para financiar el proceso de reciclado y de disposición final de los productos que elaboran.

Los afiches oficiales en la vía pública despertaron críticas en la oposición y en organizaciones ecológicas. Foto: Soledad Aznarez

La iniciativa, que fue dictada por un decreto que reglamenta el artículo 9 de la ley de reducción de residuos, conocida como basura cero, establece el principio de que "el que contamina paga", aunque aún no se conoce el monto de la contribución de los aportantes, ya que se está estudiando una fórmula.

Esta nueva medida provocó críticas de la oposición y de las organizaciones ecologistas, pues consideraron como un "mensaje mentiroso" una campaña oficial lanzada en la vía pública el domingo último.

"La Facultad de Ingeniería de la UBA está desarrollando una matriz en función del impacto en el ambiente de cada materia prima, en términos de reciclado y disposición final. Para calcular ese coeficiente se tendrá en cuenta el volumen y el peso del producto", explicó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

Aunque la matriz está en elaboración, las cifras extraoficiales indican que las contribuciones ascenderían a 150 millones de pesos anuales, lo que representa, por ejemplo, una cuarta parte de lo que la ciudad paga por el servicio de recolección de residuos. Según evalúan en la administración porteña, el reciclado y el destino final de los productos no está incluido en el servicio de higiene urbana, por lo que pretenden que sea asumido por los responsables de su generación.


Aplicación de la tasa

La tasa será aplicada paulatinamente a otras industrias. En el gobierno creen que será generalizada en un par de años. En ese momento, la recaudación por la tasa treparía a los 300 millones de pesos.

Greenpeace cuestionó la decisión: "Deberían preocuparse primero en recuperar el 80 por ciento de la basura generada en la ciudad, que es aprovechable, y luego gravar el 20 por ciento restante".

En tanto, Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, opinó: "Todos nos enteramos de la existencia de una nueva ley que nunca aprobó esta Legislatura. Macri encontró un mecanismo inconstitucional por el cual él sanciona leyes o miente a través de una campaña publicitaria". Según el gobierno, aunque se trata de un decreto, tiene fuerza de ley ya que reglamenta una norma.

Sin embargo, el legislador insistió: "Todos los sectores involucrados consideraron que la gestión integral de envases debe realizarse desde una ley de alcance nacional, ya que estos residuos habitualmente se producen en un distrito, se comercializan en otro y se pueden disponer en un tercero".

En el gobierno se informó que lo cobrarán como el impuesto de ingresos brutos.

Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Miércoles 16 de Julio de 2008

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