Ante tres comisiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, Bouwer volvió a reclamar ayer con dureza por los efectos potencialmente peligrosos que la basura de la ciudad de Córdoba arroja sobre la población de esa localidad en cuyo ejido se encuentra el enterramiento sanitario de Potrero del Estado. Ahí se depositan desde hace 26 años todos los residuos sólidos de la Capital, más recientemente, de otras nueve localidades.

El Concejo convocó a representantes de Bouwer en el marco de una ronda de consultas sobre el proyecto de concesión de un sistema de tratamiento de los gases que emanan del enterramiento sanitario. El municipio planea convocar a inversores privados para que capturen el gas metano y lo quemen, para reducir su capacidad contaminante y así obtener bonos de carbono, la operatoria financiera que surge de la aplicación del Protocolo de Kioto.

El intendente de Bouwer, Juan Lupi, y el biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, exigieron que la Capital permita la participación de esa localidad a la hora de tomar decisiones sobre el enterramiento, y volvieron a plantear los peligros que ese establecimiento supone para la localidad: “Nunca nadie se ocupó siquiera de realizar un estudio epidemiológico en Bouwer, pese a que existe evidencia internacional de que los gases que emanan de la basura pueden provocar distintos tipos de cáncer e incluso alteraciones en el desarrollo embrional y fetal”, indicó Montenegro.

El reclamo se fundamenta en las condiciones actuales del enterramiento, y sobre todo, en el hecho de que la Provincia ya autorizó a que durante ocho años más se entierre en ese sitio la basura de la Capital. El municipio de Bouwer sostiene que aún no existen estudios de impacto ambiental que demuestren que la ausencia de riesgos, y que el proyecto de captura y quema de gases sólo apunta a la obtención de réditos económicos, sin considerar los potenciales peligros para la población de Bouwer, los internos en la cárcel de Potrero del Estado y los 700 empleados de ese complejo penitenciario.

Lo que Bouwer exige es que más allá de la captura del gas metano –una operatoria que resultaría beneficiosa para la localidad– se incluya algún proceso de filtrado del gas antes de su quema. “Además del metano y el dióxido de carbono, del enterramiento emanan compuestos orgánicos no metánicos, que incluyen gases tóxicos y cancerígenos. Si eso se quema, se liberarán al ambiente dioxinas y furanos. La dioxinas son cancerígenos humanos comprobados”, explicó Montenegro.

Desde el Concejo Deliberante, Graciela Villata, titular del bloque mayoritario, recalcó que el proyecto está en estudio, y que se están realizando consultas porque existe la posibilidad de incluir modificaciones al pliego enviado por el Ejecutivo.

Ayer, los ediles escucharon también a tres empresas interesadas en la operatoria de captura del biogás: EcoSecurities Group, Green Domus Desenvolvimento Sustentable y G+P Engineering.

Más allá del procedimiento técnico, desde el bloque Eva Duarte de Perón se cuestiona el cálculo de canon establecido por el Ejecutivo en el pliego, que deja en manos de la empresa concesionaria la totalidad de los bonos de carbono que pudieran obtenerse de la certificación de reducción de emisiones contaminantes.

La Voz del Interior
Martes 22 de Julio de 2008

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