Representantes de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires concurrirán hoy junto al Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y al Auditor General, Leandro Despouy, a la primera audiencia judicial para poner en marcha el plan de saneamiento del Riachuelo.

La reunión se desarrollará en el despacho del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien a comienzos de mes fue designado por la Corte Suprema para seguir el caso y es el encargado de recibir los planteos de las partes. Armella no convocó a este encuentro a las organizaciones no gubernamentales que la Corte aceptó como parte en la causa, como la Asociación de Vecinos de La Boca, Greenpace, la FARN y el CELS. El juez entendió que el interés de todas esas instituciones está representado por el Defensor del Pueblo.

Las organizaciones también tendrán una reunión hoy, por su lado, para formar un cuerpo colegiado que controle la marcha del plan, tal como lo ordenó la Corte.

En una sentencia dictada el 8 de este mes, más de dos años después de que ordenara el saneamiento del Riachuelo, el máximo tribunal decidió delinear un programa e imponer plazos perentorios de ejecución a los tres Estados. También aplicará sanciones económicas o penales en caso de incumplimientos

El fallo conminó a la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, a que en 90 días adopte un sistema de medición de la contaminación internacionalmente aceptado y que informe los resultados al juez Armella. Lo actuado por este magistrado no será revisado por un tribunal de segunda instancia, sino directamente por la Corte.

También se ordenó que en 30 días hábiles se inspeccionen todas las empresas de la cuenca y se identifiquen a las que se consideren contaminantes.

El Auditor General de la Nación participará en el encuentro de hoy porque el tribunal lo puso a cargo del control de la asignación de fondos y de la ejecución presupuestaria durante el plan.

Clarín
Miércoles 23 de Julio de 2008

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