Mientras que el Gobierno está empezando a reactivar el postergado debate por una nueva ley de accidentes y enfermedades laborales, las aseguradoras de riesgos del Trabajo (ART) informaron ayer que entre enero y agosto de este año se iniciaron 14.814 demandas judiciales de los trabajadores contra sus empresas empleadoras o contra las propias compañías de seguros.

La cifra representa un incremento del 56% respecto de los juicios por accidentes de trabajo iniciados en igual período de 2007, y prácticamente cuadruplica el número de litigios abiertos durante todo 2004. Aquel año, la Corte Suprema emitió tres fallos con los que puso en jaque a la ley 24.557, vigente desde 1996. El cuestionamiento que pesa sobre el régimen legal es la causa principal por la que crece fuertemente la cantidad de demandas: se estima que hay unas 70.000 en curso en las diferentes instancias de la Justicia. Córdoba, Santa Fe y Mendoza son las jurisdicciones que presentan los mayores índices de cantidad de juicios por trabajadores cubiertos: en esas provincias se triplica o más la tasa promedio del país, de 35 litigios por cada 10.000 empleados.

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, se refirió ayer a la voluntad del Gobierno de impulsar una reforma legal. Según indicó, la nueva ley debería proteger al trabajador pero también a las pequeñas empresas, que resultan muy afectadas cuando reciben una demanda, dados los costos implicados. El funcionario fue aplaudido cuando mencionó este tema durante un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), ante un auditorio integrado principalmente por empresarios.

Pero la demora en aprobarse una nueva ley -que ya se sabe que mejoraría las prestaciones ofrecidas por la actual- no sólo perjudica a las compañías: hoy por hoy, los trabajadores recurren a la Justicia en busca de mejores resarcimientos. Y hacer un juicio es un camino que prolonga los tiempos para cobrar y genera costos sin que todos esos recursos se deriven al trabajador o a la familia de un accidentado o fallecido por causas laborales.

Las palabras de Massa, en rigor, estuvieron en línea con las expresadas la semana última por la presidenta Cristina Kirchner, en el discurso del día de la industria. Allí, la mandataria calificó de tema central el régimen de riesgos del trabajo para la competitividad de la economía. Y agregó que no debería fomentarse la industria del juicio.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), dos fuentes calificadas dijeron ayer a LA NACION que en los últimos días existieron algunas consultas sobre el tema por parte del Gobierno. Las gestiones están a cargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien tiempo atrás había promovido un diálogo entre las partes para elaborar un proyecto que, finalmente, quedó trabado por falta de acuerdo entre el sector empresarial y la dirigencia sindical.


Los puntos conflictivos

Uno de los puntos más conflictivos se refiere a cómo salvar la tacha de inconstitucionalidad, hecha por la Corte Suprema, al artículo de la ley que pretendió impedir a los trabajadores llevar a juicio a su empleador por un accidente o enfermedad laboral, si existe la cobertura de una ART. Mientras que los sindicatos argumentan que debería existir la posibilidad de reclamar por las dos vías (la administrativa, según la obligación de la ART, y la judicial contra el empleador), los empresarios sostienen que debería optarse por una de las dos alternativas, ya que, de lo contrario, sería imprevisible el costo y, por lo tanto, inviable el sistema.

Otro tema, planteado en su momento por el principal asesor laboral de la UIA, el abogado Daniel Funes de Rioja, tiene que ver con limitar la responsabilidad de la empresa por los accidentes que se producen en el camino hacia o desde el lugar de trabajo.

"Es destacable la iniciativa política que tiene ahora el tema", consideró ayer el presidente de la Unión de ART, Jorge Aimaretti. "La decisión [de impulsar el tema] nos satisfizo, porque llevamos un tiempo más que prudencial desde los fallos de la Corte de 2004", agregó.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, dijo que se están renovando los informes que la entidad había realizado tiempo atrás: el objetivo es estar listos para el debate.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Viernes 26 de Septiembre de 2008

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