La causa penal que precipitó la salida del Gobierno de Romina Picolotti se inició con una denuncia que la acusó de haber contratado amigos y familiares con sueldos exorbitantes, haber utilizado jets privados innecesarios y haber comprado muebles que nadie iba a utilizar.

Pero el expediente avanzó y en los últimos meses se descubrieron otros supuestos desfalcos en la Secretaría de Ambiente. El fiscal federal Guillermo Marijuán acaba de pedir una serie de allanamientos para averiguar si un convenio firmado por Picolotti y el ex intendente de Córdoba Luis Juez permitió el desvío de 650.000 pesos que salieron de las arcas del Estado nacional.

De acuerdo con la denuncia de un grupo de concejales opositores a Juez, esos fondos, destinados a financiar programas ambientales, fueron utilizados para pagar dos consultorías encomendadas a allegados a Picolotti.

Los investigadores sospechan que los desvíos se realizaron por medio de ArgenInta, una fundación pública desde donde la secretaria de Ambiente podía mover dinero con muy pocos controles. Esta entidad fue allanada en septiembre pasado por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Los documentos secuestrados en ArgenInta y los recogidos en las oficinas de Picolotti son elementos clave en este expediente, que se inició en agosto de 2007 por una investigación de Clarín que fue llevada a la Justicia por un grupo de legisladores de ARI.

Pero ésta no es la única causa contra Picolotti. También la acusan de no haber tomado medidas ante el incendio de pastizales del Delta que llenó de humo Buenos Aires hace ocho meses. Esa denuncia fue realizada por el abogado Fernando Soto en representación de Ariel Cook, un sobreviviente de Cromagnon que acreditó que el humo había afectado sus vías respiratorias, dañadas desde el incendio de la discoteca. Desestimada en primera instancia, esta causa fue reabierta por la Cámara Federal.

Paz Rodríguez Niell
LA NACION

La Nación
Miércoles 3 de Diciembre de 2008

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