El jefe de Gabinete ha llamado a la reflexión a quienes han cortado durante tres años los puentes internacionales con Uruguay. Ha hecho bien. Lo ha hecho tarde, pero bien.

La invocación de valores ambientales protegidos por la Constitución nacional desde la reforma de 1994 ha probado adónde conduce la pretensión de ejercer derechos de manera absoluta. Se han lesionado otros derechos no menos relevantes, como los de trabajo, comercio, tránsito y hasta la libertad misma de ciudadanos y extranjeros. Y, en este caso en particular, se han afectado con gravedad las relaciones con otro país.

Por situaciones de esa naturaleza los Estados han llegado hasta la guerra, según enseñanzas de la historia que deberían tenerse más en cuenta. Puede haber inconscientes que, además de renegar de las tradiciones y amistad que vinculan a los dos países rioplatenses, tengan la torpe interpretación de que Uruguay carece de los medios para autorizar a su gente respuestas también coactivas o para tomarlas él por su cuenta. Se olvida, por otra parte, que Brasil podría aducir afectados sus derechos de acceder sin tropiezos al Pacífico por las vías convencionales existentes.

Se ha violentado en todo este tiempo el espíritu del gran acuerdo regional en vigor, que es el Mercosur. Y la alegre e irresponsable comparsa que invoca derechos ambientales contra una papelera radicada en el Uruguay sin conseguir probar los supuestos daños ambientales que produce olvida también que la Argentina es un país indefenso. El cúmulo de daños inferidos al Estado nacional en estos últimos cinco años ha comenzado a mensurarse por el estado de la imagen gubernamental en los sondeos de opinión pública.

Esos daños, que abarcan una política consistente de demolición de los medios, estructura y prestigio de las instituciones militares argentinas, sólo en parte se encuentran a la vista. El recuento final será posible cuando los actuales gobernantes se retiren, como ocurre con el lecho de un río en días de marea en baja.

El Uruguay se ha sentido satisfecho por las palabras del jefe de Gabinete argentino. A estas alturas debe celebrarse cualquier expresión que tienda a persuadir a los piqueteros de poner coto a las provocaciones. Eso incluye la consideración de Sergio Massa de que los métodos utilizados por aquéllos "no dieron resultados" y, mucho más aún, las declaraciones posteriores de que aquéllos "están perjudicando a sus propios vecinos" y de que "todos los cortes son malos, pero mucho más los de un puente internacional."

Habría sido un error aceptar que la ineficacia demostrada por los cortes concernía al punto central del problema.

La cuestión de fondo es que debe ser irrepetible una acción que comprometa, como ésta, una infinidad de intereses nacionales. Si los grupos sediciosos se han sentido en diversas oportunidades alentados por los gobiernos de la provincia y de la Nación y, por lo tanto, han visto justificada su actitud, es prueba de la vulnerabilidad de la conciencia ciudadana que los asiste. En nada mejora el comportamiento de los vecinos entrerrianos que infringen la ley la irresponsabilidad con la cual los gobernantes dejaron avanzar el conflicto hasta hacerlo incontrolable. Se necesitaron años para oír una declaración como la de ayer de Massa.

La prueba más reciente de la incompetencia para resolver estas cuestiones ha sido las declaraciones del embajador argentino en Montevideo. Haber afirmado que su gobierno no aplica el Código Penal contra las manifestaciones sociales es la confesión de que el resto de la población y, por extensión, la población de los países más próximos, se encuentra desprotegida frente a fenómenos populares dispuestos a hacer tabla rasa con los derechos de terceros y que la ley es inaplicable en la Argentina.

La forma en que el gobierno argentino ha ido cambiando de posición desde los primeros cortes en el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos tal vez se haya expresado estos días de manera más contundente por vías oficiosas que por la opinión del jefe de Gabinete. Sergio Massa es, por así decirlo, un recién llegado a la primera línea de conducción gubernamental, pero el cabecilla de fuerzas de choque que desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner han estado al servicio callejero de su política ha dicho que los asambleístas entrerrianos han terminado por cansar.

Es éste un dato que los destinatarios deberían sopesar con realismo. Es probable que lo reciban ahora con la misma sensación desagradable que experimentan desde hace tres años quienes se les opusieron, con lealtad y fundadas razones cívicas, a lo largo del delicado y tenso conflicto.

La Nación
Viernes 9 de Enero de 2009

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