DESPUES de varios años de conflictos, y de cortes de rutas y puentes, ¿qué ha dejado la protesta en Gualeguaychú por las pasteras? Los errores han sido muchos. Quizás el primero sea imputable al hecho de contar con un proceso de evaluación de impacto ambiental muy limitado: no se realiza un análisis profundo de las alternativas de desarrollo viables; existe un precario sistema de información y participación del público; se cuenta con una escasa capacidad de monitoreo de las actividades y se carece de un procedimiento para evaluar los eventuales daños que puedan causar los emprendimientos más allá de las fronteras del territorio donde se proyectan. En la actualidad, la interrelación entre países es tan estrecha, que parece insólito que en el Mercosur se sigan analizando los proyectos de inversiones o de explotación de recursos naturales prácticamente de modo unilateral, sin considerar los potenciales impactos ambientales en naciones vecinas o los efectos acumulativos que acarrearían.

De haber contado con un procedimiento semejante, se hubieran podido prever los conflictos sociales en ciudades como Gualeguaychú y se hubiera podido considerar alguna ubicación alternativa, como el puerto de Nueva Palmira, que no tiene una población argentina cercana. Esto habría facilitado su "relocalización" y evitado el penoso proceso que nos enfrenta con nuestros vecinos más queridos.

Pero la política ve las cosas distinto según sus intereses. En 2000, el Frente Amplio, hoy a cargo del gobierno en Uruguay, sostenía que las pasteras eran "poco trabajo para hoy y mucha destrucción ambiental para mañana". Cuando Tabaré Vázquez ganó las elecciones presidenciales, anunció que las plantas se construirían "tal como estaba planeado". Tiempo después, en 2004, los cancilleres de ambos países firmaron un convenio por el cual la Argentina aceptaba la instalación de las plantas de celulosa y Uruguay aceptaba un plan de monitoreo de las actividades. Por diversas razones, el documento fue olvidado cuando, meses más tarde, se agravó el conflicto y comenzaron los cortes de ruta en el puente General San Martín, y nuestro país se presentó ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que Uruguay había violado el Tratado del Río Uruguay al permitir la construcción de Botnia sin consulta previa. El entonces presidente Kirchner se sumaría luego al sentir de los "piqueteros ambientalistas" llevando además a casi todos los gobernadores obedientes (y a varios ómnibus repletos de personas) a un acto en Gualeguaychú para fortalecer el reclamo, besar una leyenda contra Botnia y afirmar que la lucha era "una causa nacional". Ahora asegura que nunca apoyó los cortes.

Así fue como una abogada de los ambientalistas llegó a ser la máxima autoridad ambiental de la Argentina y, luego de una gestión por lo menos opaca, fue recientemente reemplazada.

Hoy, los cortes no despiertan ningún atractivo. No tienen base legal, afectan otros derechos, como la libertad de tránsito o de libre empresa, y se sostienen porque ninguna autoridad se atreve a hacer nada al respecto. Los recientes informes, preparados por una organización independiente, que afirman que Botnia no contamina, acaban de ser refrendados por la opinión del presidente de un organismo oficial tan prestigioso como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El ingeniero Enrique Martínez dijo: "Según nuestros estudios, hoy Botnia no está contaminando".

Por todo esto, es necesario poner fin a este conflicto cuanto antes. Restablecer el derecho de todos de circular libremente y evitar que vuelva a suceder un hecho similar en el futuro, mejorando la modalidad de aprobación de proyectos que pueden afectar nuestros recursos naturales.

Los instrumentos actuales, lejos de limitar la creación de conflictos, los favorecen. Prueba de ello es que cada nuevo proyecto de desarrollo que se presenta, ya sea minero, inmobiliario o de explotación de recursos, polariza a las comunidades sin promover una discusión profunda y completa. En la mayoría de los casos se lo utiliza políticamente.

Para evitar incidentes similares se deberá contar con un sistema que establezca un procedimiento diferente, que contemple los posibles impactos transfronterizos y que involucre a todas las comunidades potencialmente afectadas, aunque se encuentren más allá de las fronteras. Debemos intentarlo, porque situaciones similares serán cada vez más frecuentes. Cabe preguntarse de qué manera podemos capitalizar nuestros errores. Debemos hacerlo a menos que ya no haya voluntad de progreso ni de dar mayor transparencia a las decisiones ni conciencia de futuro como sociedad.

La Nación
Lunes 19 de Enero de 2009

Visite nuestros contenidos de
IMPACTO AMBIENTAL