La tragedia de Tartagal renovó las quejas parlamentarias por la demora del Poder Ejecutivo en reglamentar la ley de protección de los bosques nativos, norma destinada a parar la fuerte deforestación que sufren amplias regiones del país y que no se aplica a pesar de haber sido sancionada y promulgada hace más de 14 meses.

Todos los legisladores consultados coincidieron en relacionar el alud registrado en la población salteña con esa carencia. "Creo que tiene mucho que ver", afirmó el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), autor del proyecto de ley sancionado por el Congreso en noviembre de 2007 y que adjudicó la mora del Gobierno "a los intereses de los gobernadores coludidos con intereses particulares" de productores sojeros y de la industria maderera. Bonasso también dijo que "hay responsabilidad del Estado Nacional". "Al no estar reglamentada la ley, las provincias carecen de precisiones para aplicar las sanciones correspondientes", agregó en diálogo con LA NACION. "Esto es grave, porque acá hay gente muerta", concluyó.


"Lamentable"

El socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) también cuestionó al Poder Ejecutivo. "Es lamentable que el Gobierno no haya reglamentado la ley", afirmó el senador, para quien esa carencia "expresa la falta de decisión política para frenar la deforestación y la tala indiscriminada de bosques nativos" de la Casa Rosada.

Los reclamos al Gobierno no son nuevos. Uno de los actores más activos en esa tarea ha sido Greenpeace, una de las principales impulsoras, junto a Bonasso, del debate parlamentario de la ley de bosques nativos.

De hecho, la semana pasada la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) le había enviado una carta a la presidenta Cristina Kirchner reclamándole "la urgente reglamentación" de la ley. En realidad, el reclamo de Escudero estaba relacionado con la no aplicación de un fondo de compensación que prevé la norma para aquellas provincias que protejan sus bosques nativos ante el desmonte provocado por el avance de la frontera agropecuaria a partir del auge económico del cultivo de la soja.

Sin embargo, detrás de esta queja se esconde una polémica. Según Bonasso, una de las provincias que más incumplen con las disposiciones de la ley de protección de los bosques nativos es Salta y su gobernador, Juan Manuel Urtubey. "No ha cumplido con sus promesas de parar la deforestación iniciada por su antecesor, Juan Carlos Romero, y está en mora en realizar el reordenamiento territorial" que establece la norma para saber cuáles son las áreas a proteger, denunció.

En el Poder Ejecutivo afirman que la reglamentación debe definirse en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), un organismo que preside un funcionario de Urtubey.

Gustavo Ybarra

La Nación
Miércoles 11 de Febrero de 2009

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